Mérida, Yucatán. Las nuevas disposiciones de ley para adolescentes recién aprobadas en el Congreso de la Unión prevén reducir de 15 a cinco años el internamiento para los menores de entre 16 y 18 años por comisión de delitos graves, ya que se trata, dijeron jueces y especialistas, de privilegiar y dar mayor énfasis a los trabajos de reinserción.

En conferencia de prensa para informar de las nuevas disposiciones contenidas en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que entrarán en vigor mañana, jueces y juristas precisaron que el internamiento será de hasta tres años para muchachos de entre 14 y 16 años, en tanto que los menores de 14 años no estarán sujetos a internamiento.

El juez Luis Solís Montero reconoció que las nuevas disposiciones implican reducciones de tiempo de internamiento aun cuando se trate de delitos graves como trata de personas, terrorismo y extorsión agravada, secuestro agravado y delitos cometidos previstos en la ley para prevenir y sancionar el delito de secuestro.

Estos beneficios para el adolescente infractor se extienda también en casos de delitos contra la salud en ciertas modalidades, portación posesión y uso de armas prohibidas, homicidio doloso incluyendo el feminicidio, violación, lesiones que pongan en peligro la vida o dejen incapacidad permanente y robo con violencia física.

Sólo y únicamente por dichos delitos el adolescente acusado podría ser procesado para su internamiento, recalcó el especialista, al mencionar que se suprimieron en la nueva ley general la corrupción de menores y algunas modalidades de robo calificado, dependiendo de los montos.

El Código Nacional pretende dar a entender el concepto en justicia para adolescentes como una respuesta a los jóvenes que cometen conductas delictivas y considerar que la medida de internamiento es una medida de último recurso porque la Constitución así lo establece en el artículo 18 constitucional.

Otros cambios introducidos en la ley es la eliminación de los padres para responder solidaria y mancomunadamente del pago de los daños por los delitos cometidos por sus hijos adolescentes, por lo que la exigencia del pago a la reparación del daño será exclusivamente para el adolescente y el Estado.

De igual manera, se acortan plazos y términos para la determinación de sentencias de primera y segunda instancia y la sustanciación, en tanto que el Ministerio Público contará con un plazo de 36 horas (antes era de 24 horas) para determinar la situación jurídica del adolescente detenido en flagrancia, independientemente de la edad y del delito.

También se establece que los operadores de los órganos integrantes del sistema de justicia para adolescentes deberán contar con capacitación y certificación en materia de derechos humanos como en temas de niños, niñas y adolescentes, entre otras disposiciones de carácter administrativo, procesal y de internamiento.

La conferencia estuvo encabezada por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Marcos Alejandro Celis Quintal y el presidente de la sala unitaria de justicia para adolescentes Santiago Altamirano Escalante. También estuvieron presentes el director del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA) Didier Escalante y los jueces del Poder Judicial del Estado especializados en este sistema, Manuela Chiu Dorantes y Danila Dzul Tec.

(Jesús Mejía Hernández)