Cancún, Quintana Roo.- La cacería contra vehículos de Uber marcó el primer día de operaciones de la transnacional en el principal destino turístico de México.

Al menos una decena de unidades quedaron inmovilizadas en los corralones de las policías locales, en una guerra declarada por el Gobierno del Estado en protección de los sindicatos afines.

Lo que está en juego por ganancias no es cualquier cosa: más de 4.5 millones de potenciales clientes que visitan Cancún cada año.

Según Uber, en lo que va de 2016, unos 58 mil visitantes extranjeros y 102 mil nacionales han querido pedir sus servicios en esta ciudad del Caribe Mexicano.

Del otro lado, más de 35 mil familias en el municipio de Benito Juárez y cerca de 90 mil en todo el estado dependen del sistema tradicional de taxis.

Por ahora, sólo se ofertará la modalidad UberX, que implica una tarifa mínima de 35 pesos, tarifa base de seis pesos, por minuto dos pesos, por kilómetro cuatro pesos y cuota de solicitud dos pesos, con opciones de pago de cada viaje, a través de tarjeta de crédito o débito, PayPal o en efectivo.

Ante la incertidumbre y temor, el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) con el apoyo de inspectores de la Secretaría estatal de Infraestructura (Sintra), echaron a andar operativos conjuntos para frenar la competencia.

Sintra advirtió que Uber no tiene concesión para operar en la entidad, por lo que todo vehículo que sea sorprendido en transporte de pasajeros sin concesión será detenido y el propietario sancionado con multa.

Dirigentes de los 17 sindicatos de taxistas anunciaron movilizaciones simultáneas en los 11 municipios a partir de este jueves.

Además, este mismo día, una comisión de líderes del FUTV acudirá al Congreso local para presentar un pliego petitorio.

El FUTV de Quintana Roo se deslindó de supuestas protestas y cierre de vialidades o cualquier otra situación de conflicto o que genere violencia.

El Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” expresó “su más alto reconocimiento” al Ejecutivo local por cumplir y hacer cumplir la Ley.

Acusó que la empresa violenta el artículo 31 Bis de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías Carreteras vigente.

“No estamos cerrados a la modernidad ni a los avances tecnológicos, pero siempre y cuando sea en un marco de derecho, en el que se privilegie el equilibrio social”, expuso el gremio.

“Las manifestaciones serán de manera pacífica y tampoco se desatenderá el servicio que le prestan habitualmente a la ciudadanía”, precisó.