Mérida, Yucatán.- Las agresiones a campesinos mayas por la disputa por tierras del ejido de Valladolid llegó a las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos (CNDH) y (Codhey), respectivamente.

La asociación civil Indignación informó hoy haber solicitado a ambas instancias medidas cautelares a favor de las personas violentadas el pasado domingo 4 de diciembre.

Se trata de Guadalupe Cahum Uc y Elías Cahum Cahum, quienes viven desde hace más de 30 años en el poblado conocido como Laguna Chabela, contiguo a Punta Laguna.

Los denunciantes, al igual que centenares de habitantes, se oponen a la venta de tierras en esas localidades, por lo que los dos, según denunciaron, fueron secuestrados con violencia, amarrados a un árbol y golpeados por presuntos emisarios del comisariado ejidal de Valladolid.

De acuerdo con los agraviados, dichos sujetos forman parte del grupo que controla el ex subprocurador de Justicia del Estado, Rafael Acosta Solís, en representación de inversionistas que pretenden apropiarse de valiosas extensiones en la zona.

Según el Equipo Indignación, Guadalupe y Elías corren riesgo de nuevos ataques y amenazas.

“El despojo al pueblo maya está generando violencia en la península”, afirmó la agrupación.

Las víctimas interpusieron demanda penal ante la Agencia del Ministerio Público con sede en Valladolid.

Uno de ellos presenta derrame ocular y, ambos, huellas de la violencia.

“Precisamente despojos como éstos son los que se denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el lunes 5 de diciembre pasado, en la audiencia sobre la Situación de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Península de Yucatán, en el período ordinario de sesiones que tiene lugar en Panamá”, precisó Indignación.

Además, advirtió que Acosta Solís, quien fungió en el cargo durante la gestión de Ivonne Ortega Pacheco, también podría tener protección del Gobierno de Rolando Zapata Bello.

“El ex procurador Acosta Solís está implicado en varios procesos de compra-venta en distintos ejidos del estado”.

Esta tarde, se celebró una reunión de conciliación agraria entre Rafael Acosta y el ejido de los afectados, comuneros de Valladolid que resisten los intentos de dividir al núcleo agrario y quitarles los terrenos.

Ante la agresión, los ofendidos decidieron no entrar a la cita celebrada en el Tribunal Agrario.

En su calidad de asesor jurídico, Acosta Solís, acompañado del presidente de la asamblea ejidal, José Matilde Cervera, informó que acudieron a la instancia para continuar el proceso legal que les permita ser beneficiarios de los recursos derivados del usufructo, atención y conservación de la reserva natural de Punta Laguna, mismos que ascienden a 27 millones de pesos.

Se quejó de que mediante “procesos amañados” la contraparte busca contrarrestar la resolución del Tribunal Agrario de este caso que ya lleva más 15 años.

Planteó que unos 500 ejidatarios de Valladolid detentan 21 mil hectáreas, de las cuales cerca de cinco mil forman parte de la reserva de Punta Laguna, la cual está concesionada a una cooperativa para el aprovechamiento ecoturístico.

La manzana de la discordia es una extensión localizada en los límites de Valladolid con Quintana Roo, denominada Ma’ax Yetel Kooh, que en lengua maya significa “Casa del mono araña y el jaguar”, en donde habitan esas especies, así como pumas, coatís y otros animales.

(Jesús Mejía)