Mérida, Yucatán.- Más de mil niños migrantes no pueden ser inscritos a las escuelas en Yucatán por falta de papeles, debido a que al salir de Estados Unidos no contaban con un acta de nacimiento y no están registrados en México, confirma un documento de la Secretaría de Gobernación.

El “Prontuario sobre movilidad y migración Internacional. Dimensiones del fenómeno en México”, publicado en 2016 establece que el 82.4 por ciento de esa población residente en el país proviene de los Estados Unidos y, del total, 296 mil niños y adolescentes que nacieron en aquella nación no tienen cómo comprobar su nacionalidad mexicana.

Los datos de este informe establecen que esta cantidad importante de menores de edad no fueron inscritos al registro civil, por ello no tienen acta de nacimiento, lo que les impide establecer su nacionalidad y con ello registrarse ante instituciones educativas.

Menciona que los niños son hijos de padres mexicanos deportados, nacidos en Estados Unidos que llegaron a México, gran parte de ellos de escasos recursos y que ingresaron para evitar ser separados.

Así, 307 mil niños de entre 6 y 17 años están inscritos en escuelas del país son extranjeros, y este número va en aumento, de ese universo 149 mil 773 son niñas y 157 mil 352 son varones, distribuidos en su gran mayoría en los estados de Durango, Guanajuato, Coahuila, Baja California Norte y Jalisco, entre otros.

Otros 296 mil están radicando en México sin documentación para formalizar su situación en los sistemas escolares. De este universo los estados donde se encuentran en mayor volumen estos infantes son: Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Guanajuato, Puebla, con cifras muy altas.

Yucatán y Campeche se encuentran al fondo de la tabla, con mil 15 niños y 568, respectivamente.

Si bien, los infantes y adolescentes pueden calificar para tener una doble nacionalidad, las condiciones en las que crecieron, su entorno, muchas veces la ignorancia y el temor obligaron a que no se registraran ni en Estados Unidos, ni en México, y por ende no tengan documentos mexicanos, lo que imposibilita poder tener acceso a las condiciones de servicios que presta el estado, asienta el reporte.

El Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI) ha tomado conocimiento de niños, niñas y jóvenes a quienes en las escuelas mexicanas no se les permite seguir estudiando por no contar con papeles de identidad.

La organización The Pew Research Center, establece que en Estados Unidos hay 7.2 millones de niños y niñas mexicanos que califican para tener la doble nacionalidad.

El procedimiento para obtener ese estatus en Estados Unidos cambia de un estado a otro, y tiene costos que oscilan entre los 5 y los 20 dólares por cada documento, de acuerdo con el IMUMI, lo que en ocasiones impide que los niños sean registrados.

La falta de información genera que muchas personas busquen inscribir a sus hijos como mexicanos y renuncian a la nacionalidad estadounidense, y en ocasiones al permanecer por tiempo prolongado en Estados Unidos, los niños no son registrados tampoco en México.

En el 2015, la Secretaría de Educación Pública (SEP) modificó las normas de control escolar para eliminar estos requisitos a la hora de inscribir a las niñas, niños y jóvenes a la escuela.

Sin embargo pese a las modificaciones del Acuerdo Secretarial 286 y las normas de control escolar en el 2015, en muchas escuelas de educación básica siguen pidiendo como requisito de ingreso los documentos de identidad apostillados o los documentos académicos, indica el IMUMI

“Sucede todavía en muchas escuelas de la Ciudad de México, Chiapas, Tlaxcala, en todos los estados, tenemos casos en donde los chavos de secundaria dicen que no los dejan estudiar, lo mismo en preescolar, y esto sigue sucediendo por lo que necesitamos mover esas inercias burocráticas y la ley nos dará un marco con mayor sustento”, cita.

En el caso de la educación superior, el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), José de Jesús Williams, señaló que no hay un mecanismo o protocolo para aceptar a un estudiante universitario que requiera de un espacio aun cuando fuera deportado a nuestro país, ya que debe de darse un proceso de homologación académica y en todo caso establecer procesos de selección para poder matricularse en la institución.

Estamos elaborando un documento para presentar ante el Consejo Universitario para tratar de validar alguna serie de medidas que se puedan tomar para poder atender este tipo de situaciones, señaló.

Inicialmente un estudiante universitario que pueda ser deportado, tendría que presentar la documentación correspondiente acreditando su proceso de estudios, establecer la viabilidad de su carrera en curso y cursar una homologación académica para poder establecer la condición de completar sus estudios profesionales y recibir un título, argumentó.

(JCN)