Ciudad de México.- La historia Ligia Graciela Ceballos Franco, yucateca presuntamente nacida en Madrid, España, con otro nombre, reabrió el expediente de las sustracciones ilegales de niños y niñas durante la dictadura del franquismo en ese país.

Registrada en 1968 primero como Diana Ortiz Ramírez y llevada a México con una identidad falsa, la protagonista de la trama tiene actualmente 48 años de edad y busca conocer su verdadero origen.

Cree que fue arrebatada de sus padres biológicos y entregada en adopción irregular al matrimonio conformado por Nazario Ceballos y Ligia Franco, ésta hija del entonces gobernador de Yucatán, Agustín Franco Aguilar.

Su experiencia ha despertado interés en los principales periódicos españoles y mexicanos por su similitud con otros miles de casos sin respuesta.

Amnistía Internacional presentó denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue el caso Ligia que podría ser uno de los llamados “bebés robados” en el régimen de Francisco Franco, los cuales a su vez podrían encajar como desapariciones forzadas.

“Tenemos varios motivos para presentar la denuncia en México. Primero, la búsqueda del derecho a la verdad y el derecho a la identidad. Sabemos que si se logra judicializar estos derechos podría constituir un importante precedente para otros casos”, dijo a Reforma Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional (AI) México.

“Segundo, España no está arrojando resultados concretos porque muchos de estos delitos siguen en el olvido. Por ello, el caso encuentra anclaje en el derecho penal mexicano. Tercero, Ligia es una ciudadana mexicana y tenemos la responsabilidad de mostrar públicamente que se hace justicia en su país”.

La AI señaló este jueves que tiene numerosas pruebas que indican que Ceballos Franco fue registrada el 29 de mayo de 1968 como María Diana Ortiz Ramírez, en España.

Luego fue sustraída a su familia biológica con el consentimiento de las autoridades españolas con la intermediación de la Diputación de Madrid y la asistencia del Arzobispado.

“En el caso de Lily concurren otros elementos que Naciones Unidas ha identificado como recurrentes de las desapariciones forzadas de menores, como son, por ejemplo, el registro de la niña con información falsa o la falsificación de documentos como su partida de nacimiento”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Podría ser constitutivo de desaparición forzada, un crimen de derecho internacional y de lesa humanidad cometido en España durante la Guerra Civil y el franquismo, sustentó la AI.

El diario El Mundo publicó en su portal entrevista con la afectada, en la que ésta explicó su interés por saber si es una pequeña pieza de aquel mecanismo sistemático de sustracción.

“Hay una ruptura psíquica cuando siempre has creído que eras una persona y te enteras de que eres otra, el objeto de un tráfico ilegal de niños que operó con impunidad en España.

“Por eso no sólo quiero saber mi historia, sino buscar justicia para otras como la mía, abrir la puerta contra el encubrimiento”, afirmó.

La mujer, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, representa la primera denuncia de su tipo en México y podría enmarcarse en el entramado que involucró a unos 30 mil recién nacidos “robados” en España en esa época.

“Mi abuelo materno era el gobernador de la Provincia de Yucatán y tenía amistad con el arzobispo de esa región. Le dijo que su hija y su marido, osea, quienes acabaron siendo mis padres, no podían tener hijos y le pidió ayuda para que pudieran adoptar. Entonces, el arzobispo de Yucatán (Fernando Ruiz Solórzano) se puso en contacto con el arzobispo de Madrid, Casimiro Morcillo, quien lo preparó todo”, relató a El Mundo.

Ya con la bebé en su poder, los padres adoptivos destruyeron toda documentación anterior.

Ligia supo la verdad a los 34 años de edad, cuando sus padres le confesaron que no era hija biológica y que había sido llevada a México desde España.

En tanto, El País difundió que la situación de Ligia es extraordinaria, ya que hasta ahora no se había documentado un caso en México.

“Habría que investigar si había más familias extranjeras involucradas”, comentó Esteban Beltrán.

(Foto: ABC.es)

(Con información de Reforma, El Mundo y El país)