Mérida, Yucatán.- Pese a la necesidad de brindar atención integral a las personas con discapacidad, persiste la exclusión educativa, laboral, jurídica y económica reconoció la magistrada de la Sala Regional Especializada del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Carreón Castro.

“La sociedad tiene que estar preparada para convivir y conocer las condiciones y posibilidades de desarrollo de las personas con discapacidad”, recalcó en su visita a la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, donde impartió una conferencia y convivió con personas en esa condición.

Antes de disertar su ponencia con el título “Juicio de interdicción a la luz del nuevo paradigma de inclusión social de las personas con discapacidad”, comentó que hay un atraso en la convivencia social y familiar con ese sector de la población.

Indicó que son numerosas las familias en las que se oculta a sus parientes en esa condición por temor o vergüenza, e incluso la falta de información y conocimiento las induce a recluirlos muchas veces en condiciones de vida indignas, problema que se extiende en el caso de los adultos mayores.

Sobre el tema de juicio de interdicción, que consiste en facilitar mecanismos o modos de lenguaje verbal (lenguas indígenas) y no verbal (de señas) a favor de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, expuso que cada estado tiene la posibilidad de regular acorde con su código civil.

Informó que de manea conjunta entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y el Poder Judicial de la Federación ha sido posible elaborar un manual de interpretación judicial, mediante el uso de lenguaje de señas con la terminología adecuada para ello.

Se trata de evitar sean violentados los derechos de las personas con discapacidad ante las autoridades, dijo la magistrada momentos antes de iniciar su conferencia, en la que se subrayó la importancia de que ese sector de personas no sean objetos sino sujetos de derechos.

Mencionó que a partir del concepto de Juicio de Interdicción se busca generar un sistema de apoyos a través de un modelo social que permita la defensa de los derechos, incluso en juicios relacionados con tutorías y de propiedad, en los que les sean respetados sus deseos e intereses.

La idea es fortalecer la autonomía y la capacidad de decisión de esas personas, recalcó antes de su exposición organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental (AYPADEM), A.C, ésta última por los 30 años de funcionamiento.

La magistrada indicó que el objetivo es cumplir con los preceptos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular el Artículo 12, que señala que los estados reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

Se indica que los estados asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos.

Esas salvaguardas asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, apuntó.

A la conferencia asistieron el titular de la Codhey, José Enrique Goff Ailloud; la secretaria Ejecutiva de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia, Ana Gabriela Aguilar Ruz, y la presidenta de la asociación referida, Ana María Olivares, además de magistrados del tribunal local.

Antes de iniciar la disertación, integrantes de la asociación dieron la bienvenida a las autoridades con canciones y bailes y agradecieron el tratamiento del tema.

(Jesús Mejía)