Mérida, Yucatán.- Organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos denunciaron falta de políticas públicas para prevenir, atender y sancionar “la violencia feminicida” y contra las mujeres en Yucatán.

En un pronunciamiento en la Fiscalía General del Estado (FGE), dirigentes de tres agrupaciones exigieron una investigación con perspectiva de género y en forma exhaustiva para esclarecer el asesinato.

Pidieron también se consideren los antecedentes de violaciones a los derechos humanos de Emma Gabriela, cometidos por servidores y servidoras públicas, a quienes atribuyen violencia institucional, así como por el ex esposo Martín Alberto Medina Sonda.

“Vemos que existe una inoperancia, un sentido, una falta de voluntad partidista y política para atender asuntos verdaderamente graves”, dijo Nancy Walker Olvera, presidenta de Ciencia Social Alternativa Kóokay.

“Hoy enlutamos nuestro corazón junto con los familiares de esta mujer asesinada en un feminicidio, y esperamos una pronta respuesta a la medida de lo que ya la realidad rebosa en el estado”.

Deploró que la Ley de la no violencia hacia las mujeres, a pesar de haber sido reformada, siga sin reglamento para ser aplicada, lo que en su opinión favorece “las violencias” comunitarias, las educativas, las económicas y, por supuesto, la institucional.

La activista demandó a la FGE aplique el protocolo de actuación ministerial pericial y policial para el delito de feminicidio.

A su vez, Pablo Rojas Sánchez, de Yucatán Feminicida, condenó omisiones de las autoridades estatales.

“Estas omisiones en los tres poderes de Gobierno representan una violencia institucional permanente que cobra una cuota cada vez más elevada en feminicidios”, precisó.

Puso énfasis que Emma Grabriela sufrió de violencia física y psicológica, además de la sustracción de sus hijos, y el hostigamiento a partir de denuncias civiles y penales presuntamente promovidas por su ex esposo Medina Sonda.

Refirió que éste ha sido acusado por delitos relacionados con operaciones de recursos ilícitos, probablemente provenientes del erario del estado de Tabasco.

Estas acciones, citó, derivaron en su momento en la detención y prisión ilegal en contra de Emma Grabriela, así como de su madre Ligia Teresita Canto Lugo.

Rojas Sánchez hizo notar que en menos de 48 horas fueron asesinadas violentamente dos mujeres en Mérida.

A la entrega del escrito, asistió la representante en Yucatán del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, Adelaida Salas Salazar.

(LectorMx)