Hay momentos en la vida de todo político,

en que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios

Abraham Lincoln

Julian Santiesteban

La modificación a la Ley de Vida Silvestre para prohibir la operación de delfinarios en México afecta a la economía de Quintana Roo y deberá analizarse la manera en que podrá ser ajustada para no impactar la vida económica de las entidades y quienes dependen de esta actividad, aseveró el secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Juan Vergara Fernández, quien “sacó el pecho” por la industria turística local, cosa que no hizo, por cierto, ninguno de los presidentes municipales que dependen del turismo como motor de desarrollo en el estado.

La postura del funcionario es congruente con lo expresado por el gobernador Carlos Joaquín González, quien antes de que la norma fuera aprobada, adelantó la necesidad de revisarla a profundidad, pues en la entidad genera empleos y atractivos turísticos; pero a los políticos “verdes” parece se les olvida que, además de que es su obligación defender los intereses ciudadanos, también habrá elecciones en menos de año y medio, y que los quintanarroenses acaban de castigar duramente la incompetencia de sus gobiernos anteriores.

La congruencia es lo menos que puede pedirse a los políticos, pero su obligación primera es cumplirle a la ciudadanía, no con a los partidos; esto porque la modificación al cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, fue iniciativa del Partido Verde Ecologista (PVEM), y para intentar quedar bien “con dios y con el diablo”, el presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, sólo se dijo “respetuoso” de los trabajos legislativos a nivel federal, mientras que el coordinador de la bancada de ese partido en el Congreso local, José de la Peña Ruiz Chávez, apoyó abiertamente la modificación normativa.

Nadie duda de la importancia de cuidar las especies marinas, pero los ingresos generados en los 15 delfinarios del estado rondan los 205 millones de dólares al año, paga por millones de impuestos, emplea a casi cuatro mil personas directas y casi 18 mil en el país. Por lo pronto, los empresarios, en voz de Rodrigo Constandse Córdova, presidente de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos (Amhmar) se han manifestado ya contra la norma aprobada.

Los empresarios, en lo que se refiere a sus negocios, no tienen amigos, sólo aliados e intereses; y en términos simples los “verdes” gobiernan los principales municipios turísticos de Quintana Roo y tres cuartas partes de su población, pero en la coyuntura poco parece importarles por defender a su partido. ¿A quiénes cree el lector que apoyarán los empresarios en el proceso electoral de 2018? El anhelo de la gubernatura se va diluyendo con los yerros. Más aún, la reelección misma de “Remby” se antoja difícil ahora, todo por ser tan “respetuoso”; vaya cátedra de gobierno la que les dieron, no cabe duda que la estatura política no está en función del tamaño de la chequera; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.