Chetumal, Quintana Roo.- Prisión para quienes desfalcaron el patrimonio público estatal y restitución de los bienes sustraídos, demandaron hoy los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Quintana Roo.

Al pronunciarse sobre la orden de captura del ex gobernador Roberto Borge Angulo, el actual mandatario Carlos Joaquín González abogó por combatir la impunidad.

“Como me comprometí con la gente en la campaña, mi gobierno lucha en contra de la impunidad que caracterizó a los gobiernos previos.  Impunidad que no es sino la profunda desigualdad de las personas frente a la ley, porque a los poderosos no se les aplicaba, permitiéndose sus abusos.

“Mi gobierno luchará porque los responsables de delitos, en particular servidores públicos, vayan a la cárcel, y también para que se recuperen los bienes que fueron robados”, definió.

El ahora ex priista refirió que “los privilegiados” actuaron a costa de la calidad de vida de la mayoría de la población.

“La corrupción del pasado no hace sino ahondar la desigualdad en la sociedad quintanarroense, al dejar a los gobiernos estatal y municipales sin recursos para atender las necesidades de las personas”, dijo.

Joaquín González abordó de esa manera la decisión de un juez federal del Estado de México en contra de Borge Angulo.

Citó que su administración ha realizado desde meses atrás “investigaciones serias” que parten de diversas irregularidades encontradas en gestiones que le antecedieron.

Entre ellas, aludió la venta del patrimonio inmobiliario del estado a un precio mucho menor del que tendría en el mercado y a favor de personas vinculadas con ex servidores públicos.

También mencionó Joaquín González la adquisición ilegal de la una línea naviera (Barcos Caribe) por parte del ex gobernador Roberto Borge.

Subrayó que su gobierno ha colaborado en mesas de trabajo e indagatorias de campo, y con base en ello presentó denuncias en contra de Borge Angulo y diversos servidores públicos.

Luego indicó que la información que ha surgido de ese proceso se compartió con la Procuraduría General de la República.

En ese contexto, manifestó que los recursos públicos se deben orientar a generar más y mejores oportunidades en beneficio de la calidad de vida de la gente.

Por separado, el presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Eduardo Martínez Arcila, consideró que la orden de aprehensión es una buena noticia, pero debe pasar a los hechos.

“El pueblo de Quintana Roo exige justicia y esa justicia se tiene que traducir en que se detenga a los responsables del saqueo que sufrió el estado, comenzando con el gobernador Roberto Borge y con todos los demás que están involucrados en la red de complicidad y de delincuencia que armaron desde el poder”, afirmó.

Remarcó que aquellos que abusaron de la sociedad deben ser castigados.

“Más allí de la coyuntura electoral, que eso es desde luego es señalable, es condenable que se esperen estos momentos electorales para girar órdenes de aprehensión, lo que queremos es que finalmente es que estén rindiendo cuentas ante la autoridad competente”, agregó el panista.

“Con esto, me parece que empieza a caer ya como fichas de dominó uno a uno los responsables del saqueo de Quintana Roo”.

En cuanto a la actuación de las autoridades locales, ponderó que hacen su parte, por lo que a la fecha se tiene un detenido, otro bajo proceso y en lista más órdenes de aprehensión por cumplimentarse.

(Foto tomada de internet)

(LectorMx)