Mérida, Yucatán.- Luego de señalar que en México una de cada tres empresas han reportado fraude o robo y qué sólo cinco de cada 10 compañías privadas cuentan con un programa formal anti soborno y corrupción, la especialista María Fernanda Zenizo López llamó a combatir este problema a partir de nosotros mismos y de nuestra casa.

Al participar en el Foro Estatal Anticorrupción que organizaron de manera conjunta la Coparmex Mérida y el Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas (IMEF) Yucatán, la activista advirtió que más de la mitad de los ilícitos que se cometen en las empresas se hacen con la colaboración del propio personal.

La también presidenta del Comité Nacional de Anticorrupción del IMEF centró su exposición en los fraudes y “crímenes económicos” que ocurren en las empresas privadas, sin abordar los multicitados casos que ocurren en el sector público.

Con base en datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, así como del INEGI y del Economic Crime Survey 2016, Zenizo López planteó ante mujeres y hombres de negocios que el 44 por ciento de las empresas mexicanas reconoció haber pagado un soborno.

El 82 por ciento de las compañías en México considera que las prácticas de soborno y corrupción ocurren de manera común al interior de organización, señaló la ponente, quien mencionó que si las empresas establecen una estrategia antifraude pueden evitar hasta un 50 por ciento las incidencias.

Los tipos de “crímenes” en que incurren las empresas son en su mayoría los pagos indirectos a través de socios comerciales, la emisión de facturas falsas a proveedores físicos, pagos indebidos a través de nóminas, regalos viajes y apoyos en entretenimiento, sobreprecios y sobornos, entre otros.

Por todo lo anterior, además de la corrupción imperante en el ámbito público y en todos los niveles de actividad económica, México ocupaba el lugar 95 de 168 países en el Índice de Transparencia Internacional 2015.

Por ello, acorde con esos indicadores, el 88 por ciento de los mexicanos pensamos que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente, agregó.

Tras interrogar a los presentes sobre si alguno ha dado una “mordida” a algún agente de tránsito, a lo que muchos aceptaron y levantaron la mano, la dirigente de IMEF afirmó que el costo estimado de la corrupción por mexicano representa el 14 por ciento del ingreso familiar, es decir, 165 pesos al día (con gastos de adquisiciones en el comercio, restaurantes, informales) o sea cuatro mil 950 pesos mensuales.

Conforme a un estudio de Global Economic Survey 2017, los tipos de “crímenes económicos” más comunes en general son: malversación de fondos con 76 por ciento; ciber-fraude, 26 por ciento; insider trading, 21 por ciento; soborno y corrupción, 21 por ciento, y fraude en adquisiciones 18 por ciento.

Mencionó que quienes delinquen por primera vez en las empresas, en un 88.3 por ciento los responsables nunca antes habían sido acusados o sentenciados. Lo anterior, reconoció, se da por presiones económicas en los hogares, deudas y necesidades de pago de colegiaturas y otros compromisos.

María Fernanda expresó que la campaña anticorrupción tendrá que empezar por nosotros en nuestra casa y en el lugar de trabajo.

“Hay que dejar de hablar y ponerse a trabajar para terminar con estos ilícitos”, subrayó.

Al respecto, el dirigente de la Coparmex en Yucatán, Gustavo Cisneros, agradeció “el jalón de orejas”, este ejercicio de autocrítica a las empresas y exhortó a todos los afiliados a participar en el Comité Ciudadano contra la Corrupción que se creara próximamente en el estado de Yucatán.

A su vez, Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, describió el entramado organizacional de esta estrategia que involucra al Auditor Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el Consejo de la Judicatura Federal.

A esta estructura, se ha de agregar el Fiscal Anticorrupciòn, cuya designación está pendiente porque hay tintes políticos. “No va a haber fiscal en la materia”, auguró en su participación el ponente, al mencionar que continuará la controversia por su perfil y la elección.

(Jesús Mejía)