Mérida, Yucatán.- Sin mención a la creciente insatisfacción ciudadana en los resultados del nuevo Sistema de Justicia Penal y la supuesta laxitud hacia presuntos delincuentes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, Marcos Celis Quintal, rindió informe de actividades correspondiente al año 2016.

Con el sello de la austeridad que obligó a evitar las acostumbradas ceremonias masivas, presentó, a través de internet y por las redes sociales, el reporte anual de labores de esa institución.

“La oralidad ha sido y sigue siendo una vía de acceso a la justicia más eficiente y ágil”, definió en una parte de su mensaje.

Subrayó también que quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia no buscan reconocimiento público, ya que en todo proceso al menos una de las partes no verá satisfechas sus pretensiones procesales.

“Hoy la sociedad ante la situación del país, demanda instituciones sólidas y confiables, es por esto que desde las trincheras que hoy nos encontramos, velaremos y promoveremos para que cada actuación, acuerdo, sentencia, o resolución estén caracterizadas por la excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia”, ofreció.

En sesión solemne del Pleno del TSJ, argumentó que el Poder Judicial “está siempre atento” a las demandas de la sociedad, a sus opiniones y a sus reclamos.

“Sólo escuchando a la sociedad podemos renovarnos y transformarnos, una institución que no esté abierta a las críticas es una institución que no avanza”, apuntó.

Celis Quintal aceptó que la sociedad demanda no solo una justicia pronta, sino una justicia sin distinción de clase social, religión, edad, sexo, capacidades, es decir sin discriminación alguna.

“A lo largo de estos años, hemos sentado las bases para esto, para juzgar con perspectiva y con inclusión, sin improvisaciones, hemos invertidos largas jornadas para capacitarnos y poder servir a la ciudadanía de la manera en que ellos esperan y exigen.  Sin embargo, falta mucho por hacer y enfrentamos enromes desafíos en el futuro cercano”, dijo.

En alusión a los “grandes retos” que derivan de las reformas constitucionales realizadas durante este año, como la de Justicia laboral, advirtió que implicarán mayor infraestructura, capital humano, y capacitación.

Por ejemplo, abundó, los cambios al Código de Comercio requerirán la creación de nuevos juzgados orales mercantiles y a partir de la futura aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares será necesario el implementar la oralidad civil en Yucatán.

“Otro reto importante es hacer más ágil y cercana la justicia cotidiana, la creación de juzgados itinerantes permitirá acercar la justicia al interior del Estado y que cada ciudadano tenga pleno acceso a la justicia sin importar su ubicación.

“A todos estos retos, se suma la necesidad de consolidar los sistemas de justicia oral penal y familiar, así como avanzar en la modernización administrativa y hacer aún más eficiente el uso de los recursos públicos que la sociedad nos ha encomendado”, asentó.

Para asumir “con entereza” las modificaciones estructurales que implican cada una de las reformas procesales en todos los ramos de la impartición de justicia, confió en que recibirán los recursos y herramientas adecuadas y suficientes a través del Presupuesto de Egresos.

Previamente, desglosó que en 2016 se iniciaron 27 mil 661 asuntos y se resolvieron 26 mil 605.

“El índice global de productividad fue de 96.18 por ciento. Esto es un indicador claro que nos encontramos trabajando en un estado cercano al óptimo”, presumió.

El protocolo se llevó a cabo con la presencia de los consejeros de la Judicatura, y de los magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, así como de los representantes del Ejecutivo y del Legislativo, Carlos Pavón Flores y diputado local Daniel Jesús Granja Peniche, respectivamente.

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(Fotos: PJEY)

(LectorMx)