Mérida, Yucatán.- El diputado federal Joaquín Díaz Mena “Huacho” advirtió hoy sobre una “grave confrontación social” en los puertos de Yucatán.
Al referirse a recientes incidentes violentos, primero en Dzilam de Bravo y luego en San Felipe, alertó de una supuesta discriminación en la entrega de permisos para pesca y la falta de regulación en la actividad.

“Una vez más estamos viviendo una grave confrontación social en los puertos de Yucatán; hace unas semanas fue en Dzilam por el asalto a una persona, ahora en San Felipe por golpes a policías y por romper la paz social en los puertos”, expresó.

El panista señaló que es importante tener muy claros los motivos que están causando estos problemas en el litoral yucateco.

“Tenemos muchos pescadores a los que se les conoce como libres porque no están en cooperativas, que no cuentan con permisos de pesca para sus embarcaciones, mientras que por otro lado, el gobierno estatal a través de la Dirección de Pesca gestiona ante el gobierno federal, ante la Conapesca, permisos para sus amigos”, acusó.

Mencionó que con dos o tres permisos aquellos que tienen autorización oficial llevan al mar hasta 15 o 20 embarcaciones, que al no encontrar pescadores yucatecos para subir a esos barcos, se van hasta otros estados para traer personas a trabajar para ellos y los llevan a los puertos.

Según dijo, estos propietarios ofrecen hospedaje y alimentación por los cuales cobran, y presuntamente hasta sustancias nocivas para la salud.

“Les venden carnada cara, les compran el producto barato, una especie como de tienda de raya marítima o de esclavitud moderna”, denunció en un comunicado.

“Ante esto, los pescadores yucatecos están actuando por temor, porque se están rompiendo la tranquilidad y la paz social de sus municipios, pero también están defendiendo el producto que es el patrimonio de sus hijos y de las futuras generaciones”.

Díaz Mena afirmó que el gobierno del estado tiene la solución a este asunto, pero al parecer no lo quiere solucionar porque en épocas electorales estos pescadores que han sido empadronados previamente, funcionan como turismo electoral ya que los permisionarios los obligan a venir a votar.

También los usan, sostuvo, como presta nombres para que el permisionario de esas empresas disfrazadas de cooperativas solicite más lanchas, más motores, e incluso infraestructura pesquera; cuando estos pescadores se regresan a sus estados, eso se le queda al empresario que los trajo.

“Por la tanto la molestia que hay actualmente en el litoral de Yucatán, en los puertos, obliga a los ciudadanos a que ante la nula respuesta de su gobierno, tengan que actuar por cuenta propia, quizás no de la mejor manera, pero sí como único camino que el gobierno del estado y el gobierno federal les están dejando”.

El legislador envió “un llamado respetuoso” y un exhorto a los gobiernos federal y estatal “para que den la cara” y pongan fin a la confrontación de estos ciudadanos con otros hermanos que vienen a buscarse la vida en las condiciones adversas.

“Es urgente que el gobierno del estado y el gobierno federal pongan punto final a este problema, que emitan los permisos a los verdaderos pescadores yucatecos, pero sobre todo que regulen la actividad pesquera y detengan la depredación de las especies marinas que son el producto que le va a servir para sustento en un futuro a las próximas generaciones”, concluyó.

(Foto archivo)