Mérida, Yucatán.- Tres organizaciones ciudadanas denunciaron hoy al diputado federal Pablo Gamboa Miner ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac).
Al priista lo acusan de actos proselitistas adelantados al proceso electoral –que arranca oficialmente el 6 de septiembre– y por presunto uso de recursos públicos para actos de campaña.
Las agrupaciones promotoras de la queja son Movimiento Social Vanguardista, Unidos por México y Grupo de Atención Animal.
William Duarte Erales, asesor jurídico de la primera, imputó que Gamboa Miner utilizó dinero del erario para promover su imagen con motivo de su segundo informe de actividades realizados en días pasados.
El activista indicó que este miércoles acudieron ante el Iepac para exigir sanciones contra el político por omisiones a la Ley Electoral.
La queja fue recibida por la Secretaría General del Iepac, la cual dispone de 40 días para emitir una resolución y, en su caso, dictar sanciones contra el denunciado.
El entrevistado afirmó que es vergonzoso que un político que hace leyes, un legislador que aprueba acciones legales, omite, evade y desconoce la misma.
Por ello, consideró que el castigo a Gamboa Miner debe de ser la pérdida de los derechos políticos o la del registro de su partido.
Sería penoso que el árbitro electoral no sancione debidamente este tipo de actos, advirtió, puesto que muchas veces es en este organismo donde se demoran los procesos y no sancionan a los infractores para que no se cometan este tipo de actos contra la ley.
Duarte Erales remarcó que el propio Iepac tiene que prevenir con anticipación el que los políticos rompan la ley, pero además la vigilancia pormenorizada del uso de recursos económicos en actos políticos, como la entrega de beneficios, apoyos y prebendas a los ciudadanos a unos días del inicio del proceso electoral.
Lo que pasa, deploró, es que el juez electoral es muy blando y en ocasiones irresponsable, porque no aplica sanciones para los infractores.
El juez electoral debe de aplicar con rigor las sanciones y en este caso no sólo hacer un llamado al partido político, sino retirarle sus derechos políticos a quienes violen la ley, aun a sabiendas de esa irresponsabilidad, concluyó.
(JCN)
