Mérida, Yucatán.- La Auditoría Superior del Estado de Yucatán dio entrada a una denuncia por irregularidades en el reemplacamiento vehicular 2017, interpuesta por el senador Daniel Ávila Ruiz.

La querella, que la semana pasada también fue recibida en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se presentará, aunque como punto de acuerdo para solicitar una investigación penal, en el Senado de la República, este miércoles.

En rueda de prensa con medios locales, el legislador expuso lo que ya había publicado la semana pasada ante medio nacionales en la Ciudad de México, cuando denunció los hechos ante la ASF, y este viernes, ante la Auditoría estatal.

Ávila Ruiz presentó varios documentos con los que pretende demostrar que se benefició a una empresa yucateca en particular, Vitro Fomento Industrial, propiedad del actual presidente de la Cámara Nacional de Industria de Transformación (Canacintra) en Yucatán, Juan Manuel Ponce Díaz.

Los dichos de Ávila Ruiz los sustenta con lo que califica como “irregularidades” en la licitación, es decir, en el proceso legal que el Gobierno abrió para que las empresas hicieran una oferta para fabricar las placas vehiculares.

Dijo que el proceso para que las empresas concursaran duró apenas seis horas, un tiempo que resulta muy corto si se toma en cuenta que el proceso incluso de traslado de los documentos, de una oficina a otra, lo hacía tardado.

Eso hizo pensar al legislador que la empresa ganadora, Vitro Fomento Industrial, tuvo información privilegiada por encima de las otras dos que concursaron: Talleres Unidos Mexicanos y Placas Realizadas.

Además de las inconsistencias en la licitación, Ávila Ruiz expuso que el Gobierno pagó las placas a un sobreprecio, comparado con el que el Gobierno de Nuevo León desembolsó a la misma empresa (Vitro Fomento Industrial), por el mismo “producto”, en este caso las placas vehiculares del Estado del norte.

Según la relatoría de la denuncia, el Senador asegura que el Gobierno de Yucatán adjudicó el contrato a Vitro Fomento Industrial para fabricar 750 mil placas metálicas, a un precio de 245 pesos cada una, es decir, la empresa debía recibir poco más de 182 mil 370 mil pesos, ya con el impuesto al valor agregado (IVA) de 16 por ciento.

En Nuevo León, dice el Senador, no sólo se dio con tiempo el proceso de asignación, sino que ganó la misma empresa, pero con precio por placa mucho menor: 156.75 pesos, es decir, 88.25 pesos menos que en Yucatán.

De hecho, en Nuevo León, el número de placas fue menor (unas doscientas mil), o sea, poco más de 500 mil menos que en Yucatán, lo que según Ávila Ruiz está contra lógica del mercado de a mayor volumen menor precio.

El senador aclaró que el cobro por sí mismo no es ilegal, puesto que está aprobado en la Ley de Ingresos, que el Congreso, integrado también por diputados de su partido, Acción Nacional (PAN), por lo que su denuncia se enfoca en el sobreprecio del reemplacamiento.

Por cada placa que el Gobierno compró en 245 pesos, cobró al ciudadano 741 pesos más IVA, o sea, 986 pesos, es decir, aproximadamente 300 más por ciento de lo se pagó en 2009, que fue de 299 pesos más IVA por cada placa.

A este “costo” debe sumarse la tarjeta de circulación y los impuestos en ambos cobros que, este año, obligan a los dueños de vehículos a pagar mil 446 pesos, contra los 406 que se pagaron en la administración de Ivonne Ortega Pacheco.

Este miércoles, según un boletín que el legislador entregó a los medios, la denuncia se hará en el Senado de la República, en el que, a través de un punto de acuerdo, firmado por legisladores de diferentes partidos, solicitaran a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar los hechos.