Mérida, Yucatán.- En Yucatán, ocho de cada 10 juicios por diversos delitos terminan en una sentencia condenatoria, porcentaje que, en opinión del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marco Celis Quintal, significa que la impunidad es mínima.

Dijo que, desde la implementación de la reforma penal en Yucatán, los juicios se resuelven, en promedio, en tiempos que van de ocho a 10 meses como máximo, en los delitos más comunes como robos, lesiones, daño en propiedad ajena y narcomenudeo.

Entrevistado tras presidir el inicio del curso “Manejo de indicios para personal de emergencias médicas”, en la sede del Poder Judicial, el funcionario reconoció que hay delitos que quedan impunes, puesto que no se pueden comprobar las responsabilidad de los acusados; sin embargo, aclaró que esas investigaciones continúan abiertas. No dio cifras de cuántos están en ese estatus porque, explicó, los maneja la Fiscalía General del Estado.

El magistrado también habló del número de expedientes que reciben, desde que se inició la reforma del sistema de justicia, va en aumento y actualmente reciben, en promedio, 20 expedientes por semana, y que cada juzgado mantiene abiertos 180.

panel del curso de evidencias médicas

Sobre el curso que se inició este viernes, para el personal médico del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (Issste), Marco Celis dijo que el personal médico se ha convertido en una pieza importante en los juicios, pues de su correcta actuación puede depender el hallar culpable o no a una persona.

Antes, en la inauguración del curso, el magistrado recordó el caso Medina-Abraham -aunque no lo citó por su nombre-, del papel que jugaron los médicos que atendieron a la joven Flora Ileana Abraham Mafud, quien murió a causa de un balazo, y por cuya muerte fue sentenciado su esposo Armando Medina Millet.

Dijo que las pruebas de la bala que se extrajo del cuerpo de la víctima y la ropa fueron fundamentales para determinar la culpabilidad del responsable, en un juicio que duró 10 años, debido a que se desarrolló en el viejo sistema penal. En el auditorio “Víctor Cervera Pacheco”, donde se llevó al cabo el curso, se encontraba precisamente la jueza que llevó el caso: Leticia Cobá Magaña.

En ese sentido, durante la entrevista, recalcó la importancia de que el personal médico “de primer contacto” cuando ocurren hechos de sangre o delictivos está preparado para el manejo de la situación, pues si ellos hacen bien el trabajo los jueces tiene mejores elementos de prueba para el juicio.

Recordó también que, en el viejo sistema penal, bastaba con alguna evidencia y la confesión del culpable para dar una sentencia condenatoria; pero hoy, el valor probatorio de un testimonio resulta de poca ayuda si no hay evidencia científica. De ahí la importancia de resguardar las evidencias que, aseguró, a veces son escasas.

El curso inició este viernes y concluirá el próximo 6 de octubre, y contiene varios temas, todos relacionados con lo que debe y no debe hacer un médico o enfermera cuando se trata de casos que pueden ser delictivos, como, por ejemplo:

  • Características del proceso penal acusatorio
  • Cadena de custodia
  • Primer respondiente