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Van ejidatarios contra “despojos y engaños” de empresas eólicas

Mérida, Yucatán.- El Grupo de Trabajo de Comisarios Ejidales de Motul, Cansahcab, Sinanché y Suma denunciaron que las empresas interesadas en generar energía eólica pretenden despojarlos, mediante autorizaciones amañadas e imposición de precios, de tres mil 800 hectáreas de tierras.

Expusieron en conferencia de prensa que representantes de Aldesa Energías Renovables de México, Aldener ADM, Fuerza y Energía Limpia de Yucatán y BHCE Yucatán buscan obtener terrenos en las citadas demarcaciones a través de amenazas y presiones a los ejidatarios, con apoyo de servidores públicos.

Por lo anterior, los comisarios ejidales de Sinanché, Motul y Cansahcab, Severiano Gutiérrez Celis, Arcadio Tamayo Angulo y Pedro Salas Couoh, respectivamente, así como el ejidatario Julio César Balam Escamilla, también de Motul, señalaron que no hay bases legales y cesiones de propiedad para echar andar los proyectos eólicos de Chacabal I y Chacabal 2, Sinanché y Cansahcab.

Ante este cúmulo de irregularidades, informaron que van a proceder legalmente, para lo cual dijeron haber contratado un grupo de abogados que va a llevar el caso ante los tribunales competentes.

“Nosotros no estamos en contra de la generación de energía eólica, sino de la forma en que están haciendo las cosas. Pedimos que procedan con legalidad y que paguen lo justo, que dejen de aprovecharse de la pobreza de la gente”, indicó Balam Escamilla.

Precisaron que en Sinanché unas mil 857 hectáreas son las susceptibles de enajenación, en tanto que unas 416 hectáreas ya fueron cedidas; en Motul suman mil 471 hectáreas las que pretenden adquirir las compañías y en Cansahcab son 300 las hectáreas en planes.

Los comisarios ejidales señalaron que funcionarios de la Procuraduría Agraria y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han realizado acciones como amedrentar y presionar a los campesinos a favor de los intereses de los inversionistas.

Revelaron que, sin previo aviso o resolución de asamblea ejidal, representantes de las empresas han acudido a imponer precios por los predios que requieren para la instalación de las estructuras eólicas y se han aprovechado de la pobreza y de la edad senil de un gran número de ejidatarios que han aceptado por necesidad de cualquier monto y condición de pago.

Con engaños y sobornos estas empresas de capital extranjero han obtenido contratos de arrendamiento y usufructo de miles de hectáreas de tierras ejidales, pagando 30 pesos por ejidatario, contratos de los cuales los propietarios ni siquiera tienen copia alguna que les permita conocer las cláusulas con las que fueron cedidas sus tierras.

Balam Escamilla manifestó que los ejidatarios no han aprovechado sus tierras por la falta de recursos económicos. Sin embargo, comentó que existen apiarios, zonas ganaderas y cultivos agrícolas que podrían ser afectados.

Uno de los más afectados es Sinanché, en donde con asamblea ilegal se entregó en arrendamiento, primero de mil 87 hectáreas y luego otras 857 hectáreas por 30 años con prórroga de otros 30 años, por lo que el comisariado ya interpuso una demanda de nulidad.

Contrario a las declaraciones oficiales que afirman que todos los proyectos eólicos que se contemplan en Yucatán cuentan con los permisos ambientales, Balam Escamilla precisó que existe una resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia Administrativa para suspender los trabajos de los proyectos parque eólico Chacabal y parque eólico Chacabal 2.

Lo anterior, agregó, debido a que el estudio de impacto ambiental que presentó la empresa Aldesa Energías Renovables de México no cuenta con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.

En una maniobra, Aldesa transfirió los derechos derivados del permiso para generar energía eléctrica a la empresa eólica Maya Uno S.A de C.V para volver a tramitar los permisos que objetó el Tribunal Superior de Justicia Administrativa.

(Jesús Mejía)

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