Merida, Yucatán.- Las cinco fuerzas políticas aprobaron por unanimidad avalar el decreto para declarar el “2018, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán”, así como un dictamen para armonizar leyes locales con las generales para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

En la sesión ordinaria de este martes, los diputados también aprobaron por unanimidad la licencia solicitada por Evelio Dzib Peraza, para separarse de su cargo de diputado del PRI por el décimo tercer distrito, para que en la próxima plenaria ocupe la curul su suplente, Pedro Javier Chi Canul.

Las fracciones legislativas del PRI y el PAN, en voz de sus coordinadores, Celia Rivas Rodríguez y Raúl Paz Alonzo, respectivamente, le desearon el mayor de los éxitos a Dzib Peraza y agradecieron su trabajo a favor de las coincidencias y disminuir las diferencias.

De la misma forma, la LXI Legislatura aprobó por unanimidad la realización del Informe Anual de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado para el próximo 27 de febrero del año en curso a las 11 horas, que fue solicitado vía oficio por el secretario ejecutivo encargado de la presidencia de la Codhey, Miguel Sabido Santana.

Referente a la declaración del año del Centenario de la Constitución Política del Estado, Verónica Camino Farjat (PRI) recordó que el pasado 15 de Enero se cumplieron los 100 años de la Carta Magna local que, con los principios de la Revolución Mexicana y sentando las bases para traer la tranquilidad después del conflicto armado, puso en alto el nombre de Yucatán, con su contenido progresista y de vanguardia, que vale la pena recordar y fortalecer.

Mencionó que la Constitución de Yucatán de 1918 es de avanzada, porque se destacan la defensa de los derechos de los obreros, en consonancia con su homóloga federal, así como la obligación que imponía al Gobierno del Estado de ser garante del Bienestar Social.

“Después de 100 años, nuestra ley fundamental continúa siendo el cimiento sólido del marco normativo de Yucatán y es el origen de las instituciones que todos los días promueven y construyen el desarrollo de nuestro estado; como diputados, debemos difundir la importancia de este histórico momento, resaltando la clara visión del Estado de Derecho”, resaltó.

Sobre la armonización de leyes locales en materia de tortura, Daniel Granja Peniche (PRI) detalló que el dictamen modifica el Código Penal para que cuando se refiera al delito de tortura se establezca claramente la mención a la Ley General en la materia, y exprese que se trata de un delito grave.

También, continuó, se reforma la Ley de la Comisión de Derechos Humanos para facultar a este organismo para intervenir de manera inmediata cuando se realicen quejas relacionadas con violaciones a la integridad personal en el mismo contexto, así como la Ley de Víctimas para hacer referencia al derecho de éstas para contar con medidas de protección eficaces e instrumentación de programas para atender casos de tortura.

“Además se especifica que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas tendrá además a su cargo, atribuciones previstas en la Ley General y se reforma la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para crear el Registro Estatal del Delito de Tortura, que deberá coordinarse con el Registro Estatal de Atención a Víctimas”, agregó.

En su turno, Moisés Rodríguez Briceño (PAN) mencionó que con estas nuevas reformas se distribuyen las competencias y la coordinación que deben tener las autoridades en el combate a la tortura, se establece además claramente los tipos  de este delito, pero también se legisla para otorgar medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación de las víctimas que sufran algún tipo de tortura.

“La tortura es una práctica violatoria de los derechos humanos, con estas reformas se sientan las bases para combatir esta vergonzosa problemática, no más tortura en Yucatán, los diputados del PAN conscientes de la necesidad de armonizar y actualizar nuestro marco local a los parámetros que señala las leyes generales”, expresó.

En la plenaria de este día, también se turnó a la comisión de Derechos Humanos, la iniciativa para declarar el “23 de febrero, Día del Rotarismo en el Estado de Yucatán”; así como a la comisión de Justicia y Seguridad Pública, la propuesta para modificar el código penal y el código de la familia, en materia de derechos de la mujer, suscrita por la fracción del PRI. 

En asuntos generales, Beatriz Zavala Peniche (PAN) presentó una iniciativa de Ley de Asentamientos Humanos del Estado que contempla cambios para que las autoridades cuenten con un marco jurídico adecuado para el crecimiento urbano. 

Al igual que Rafael Montalvo Mata (PAN) que entregó una iniciativa de decreto para adicionar el artículo 101 ter al capítulo décimo de la Constitución Política, en materia de derecho patrimonial, para que todos los yucatecos cuenten con seguridad jurídica respecto al tema.

Para finalizar, la LXI Legislatura aprobó realizar la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 6 de febrero del presente año a las 12:30 horas.