Mérida, Yucatán.- La cúpula de la iniciativa privada en Yucatán rompió el silencio y cuestionó el actual entorno económico del país, caracterizado por la “incertidumbre”.

A punto de finalizar el primer mes de 2018, demandó a los gobiernos federal y estatal medidas urgentes que permitan enfrentar las dificultades que golpean con severidad a las familias, en especial a las de menos recursos.

En un pronunciamiento conjunto, 13 líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán reprocharon el dispendio que predomina en el sector público, por lo que pidieron recortar gastos y bajar impuestos.

Como contexto de la situación difícil, remitieron a la inflación anualizada del 6.77 por ciento, la mayor en 17 años, y los nuevos incrementos en gasolinas, electricidad y gas LP.

En cuanto a la promesa de que adelantar el proceso de liberalización del mercado energético traería menores precios (en combustibles y energía eléctrica), advirtieron que “no se ha cumplido hasta el momento”.

La conferencia de prensa este martes fue encabezada por el presidente del CCE Yucatán, Carlos Campos Achach, y miembros del pleno del organismo.

(LectorMx)

COMUNICADO

¿En dónde estamos?
Es evidente que derivado del entorno económico, el presente 2018 ha iniciado con una marcada incertidumbre tanto para el sector empresarial como para la sociedad en general. En el 2017 cerramos con una inflación del 6.77 por ciento -la mayor en 17 años-, y este año estamos experimentando nuevos incrementos, principalmente en insumos energéticos como la gasolina, la energía eléctrica y el gas LP.

Es de todos conocido que la inflación afecta directamente el poder adquisitivo de la población, principalmente el de los sectores menos favorecidos, erosiona el consumo, y es uno de los elementos más nocivos para el bienestar de las familias.

¿Por qué suben los precios?
Los años de bonanza petrolera no fueron aprovechados de forma eficiente. Se privilegiaron factores de carácter político y los excedentes petroleros se canalizaron a los estados -que los destinaron en la gran mayoría de los casos a gasto corriente-, en lugar de modernizar nuestras instalaciones existentes e invertir en procesos de exploración o apertura a la inversión privada en el sector. El auge, por tanto, cubrió todas las imperfecciones de un sistema poco eficiente en la parte productiva y financiera y no fue debidamente aprovechado.

Los resultados los tenemos hoy a la vista: el volumen de producción petrolera ha caído consistentemente y no contamos con la capacidad de refinación adecuada ni la infraestructura para transportar combustibles, lo que ha ocasionado que hoy en día importemos cerca del 70% de nuestras gasolinas.

Asimismo, son varios los factores que regulan el precio de nuestros energéticos: los precios internacionales, el precio del dólar -debido a nuestra dependencia del exterior en refinados-, la infraestructura existente para un abasto competitivo y la estructura de impuestos o subsidios establecida por el gobierno.

A nuestro juicio, la decisión de adelantar el proceso de liberalización del mercado energético con la promesa de que la apertura traería menores precios, no se ha cumplido hasta el momento, ya que independientemente del cómo se le vendieron a la sociedad los beneficios de adelantar el proceso, resulta imperativo reconocer que la medida traía consigo una doble intención no declarada: por un lado, el gobierno federal no estaba dispuesto a perder los ingresos generados por el IEPS, los cuales de ser un enorme subsidio al consumidor habían pasado a ser una considerable fuente de ingresos para el propio gobierno federal y, por el otro, a una cuestión de carácter electoral, ya que el gobierno no quería que el profundo malestar social derivado del incremento, tal y como lo experimentamos en los primeros días del 2017, tuviera un impacto negativo en el proceso electoral del presente año.

Por tanto, el haber adelantado la apertura ocasionó que los proyectos requeridos como soporte para la importación, conducción, almacenaje y transportación de energéticos por parte de la iniciativa privada, y que permitirían la entrada de nuevas fuentes de abasto energético y por ende mejores precios, no estuvieran listos, lo que ha provocado que en estos momentos las gasolineras mexicanas y los distribuidores de gas sigan dependiendo de PEMEX como proveedor único. Creemos que cuando tengamos nuevas fuentes de abasto tendremos una mayor oferta y competencia que deberá traducirse en mejores precios, aunque este elemento tenga un efecto limitado derivado de que la proporción que se paga en México por impuestos federales a los combustibles es muy alta, máxime cuando consideramos el resultado del manejo de las finanzas públicas a nivel federal.

Como sector empresarial organizado creemos que es evidente que se ha privilegiado el gasto corriente en detrimento de la urgente inversión pública productiva, y que la recaudación adicional derivada de la reforma fiscal no ha sido canalizada en acciones que beneficien a la planta productiva del país ni a la población en su conjunto. Ante el dispendio atestiguado, queda claro que hay mucho espacio para reducir gasto y por ende impuestos, sin castigar el equilibrio financiero de las finanzas públicas.

Por otra parte, en el caso de las tarifas a la energía eléctrica se anunció que no habría incrementos en las mismas. Sin embargo, el haber introducido una modificación al método de cálculo y las condiciones de consumo final, ha dado lugar a que el pago total se vea incrementado, siendo otro factor que contribuye al proceso inflacionario que estamos viviendo los empresarios, sin dejar de considerar también la depreciación del peso frente al dólar registrada a finales del año pasado, que trajo consigo nuevas presiones inflacionarias para los productores.

Los empresarios

En nuestro país, la inflación golpea más a quienes menos tienen y nuestro Estado no es la excepción a pesar de la mejoría reciente, lo cual constituye un gran reto a revertir.

Ésta, es una de las razones por la cual el sector empresarial yucateco, comprometido con la sociedad, decidió absorber durante el año 2017 y lo que va del presente 2018, gran parte del incremento en sus insumos. Sin embargo, hemos de reconocer que cada vez resulta más complicado el mantener esta política cuando las alzas se siguen presentando.

Por tanto y ante los hechos y circunstancias descritos, el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE Yucatán), le solicita respetuosamente al Gobierno Federal que:

1. Realice un esfuerzo adicional de reducción en su gasto corriente.

2. Disminuya los impuestos a los energéticos, en especial a la gasolina.

3. Acelere los proyectos federales de infraestructura energética, particularmente a los que favorezcan al sureste mexicano

4. Que la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaria de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos otorguen la homologación del costo de energía eléctrica con respecto a la del noreste del país.

De igual manera, el CCE Yucatán le solicita al Gobierno del Estado tomar las siguientes medidas para reducir la afectación de la actual política económica:

1.- Acelerar el proceso e inversiones para la introducción de gas natural en cantidad y calidad suficiente para que las empresas y hogares yucatecos puedan obtener los beneficios a corto plazo y no tener que esperar más tiempo. Con esto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), contará con un insumo en cantidad/costo/calidad apropiado y así podrá bajar su costo de generación, lo que provocará una disminución en el costo de la tarifa eléctrica en la Península de Yucatán.

2. Facilitar el otorgamiento de permisos para que se lleven a cabo los más de 22 proyectos de generación de energías alternas programados para Yucatán, que no sólo traerán grandes inversiones y generación de empleos al estado, sino también harán que la CFE disminuya su costo y el costo de la tarifa eléctrica, puesto que una parte está calculada sobre el costo de generación que actualmente es alto.

3. Fomentar que los incentivos que otorga el Gobierno del Estado estén orientados a lograr que los diversos productos yucatecos contengan mayor valor agregado, dejando así de ser proveedores de productos primarios del campo y del mar.

Los empresarios yucatecos reiteramos el compromiso que tenemos con nuestro Estado. Continuaremos generando empleos e inversiones, y contribuyendo con nuestros impuestos en beneficio de nuestra nación. Sin embargo, demandamos que nuestros gobiernos sean copartícipes de nuestro esfuerzo atendiendo nuestras peticiones y asumiendo la responsabilidad que les compete.

Yucatán y México lo necesitan.