Mérida, Yucatán.- Dos manifestaciones coincidieron en hora y lugar y,  en vez de ponerse de acuerdo para exponer en orden sus protestas y demandas, se enfrascaron en intercambios de gritos y palabras altisonantes sin que pasara a mayores.

Ante el Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo estatal, llegaron a las 10:30 horas unos 10 presuntos afectados por la retención de ahorros de Crecicuentas con sus mantas y gritos de reclamo, al tiempo que en la escena irrumpieron unos  30 presuntos ejidatarios de Cinco Colonias para expresar sus propias demandas.

Como parte del derecho a la libertad de expresión, elementos de la Policía Municipal de Mérida permitieron que ambos colectivos se manifestaran con altavoces, gritos, mantas y pancartas, por lo que desviaron la circulación de automóviles como ya es costumbre en este tipo de concentraciones.

Lejos de consensuar, conjuntar intereses o ponerse de acuerdo en el orden de oradores, a los gritos de demandas de los afectados por Crecicuentas se sumaron las peticiones de los ejidatarios de pago de indemnización ante lo que consideraron un despojo de sus terrenos.

Como los de Cinco Colonias buscaron dejarse oir, los del caso Crecicuentas, en particular su lideresa, Raquel Angulo Esquivel, protestaron por la intromisión y se hicieron de palabras los bandos ante la mirada de transeúntes, reporteros y elementos de seguridad del Palacio de Gobierno.

Las sendas demandas cruzadas se convirtieron en ataques verbales entre ellos, sin que ocurriesen mayores incidentes.

Los ejidatarios, con gritos y pancartas exigieron el pago de 78 millones de pesos por una resolución a su favor, emitida por un juez federal, por el presunto despojo de 18 hectáreas de ese sector del sur de la ciudad.

Encabezados por Pedro Villalobos, dirigente ejidal, los ejidatarios mostraron un mapa del terreno donde el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán construyó 150 casas, sin saldar el pago del predio, por lo que responsabilizaron al Gobierno del Estado,

Mostraron un avalúo de dicho terreno hecho en 2014 por el Catastro con valor de 68 millones de pesos y ahora exigen 10 millones de pesos más.

Por lo anterior, pidieron se respeten las resoluciones del juez, que fue a favor de los ejidatarios y el pago de la tierra por el monto señalado. Advirtieron que de no ser atendidas sus demandas, continurán sus movilizaciones frente a las oficinas del IVEY y del Palacio de Gobierno.

Una comisión de ejidatarios comandada por Pedro Villalobos fue atendida por Carlos Sobrino Castrejón, director de Gobierno, y Otilia Blanco, directora asuntos agrarios.


(Jesús Mejía)