Mérida, Yucatán.- El “esquema de Javier Duarte en Veracruz”, para desviar recursos en el sector salud, se replicó en Yucatán, reveló el ex gobernador Patricio Patrón Laviada.

En conferencia de prensa, señaló que sólo en 2015, el Gobierno del Estado de Yucatán pagó, a través de la Secretaría de Salud (SSY), más de 160 millones de pesos en estudios científicos que supuestamente realizaron empresas totalmente ajenas al giro por el cual se constituyeron.

En total fueron 61 las empresas que participaron.

La SSY le confió a compañías constructoras, comercializadoras, de control de plagas y de diseño de páginas web estudios científicos relacionados con enfermedades.

Por ejemplo, la compañía PV Tempus Steel and Tools S.A. de C.V., cuyo giro es el comercio de pescados y mariscos, realizó un estudio y análisis sobre la epidemiología del talipes en Yucatán.

La importadora Stream Medows Trading Co S.A. de C.V. hizo un análisis de incidencias de afecciones maternas.

También, a Ok Aplicaciones y Más S.A. de C.V., que se dedica a fumigaciones y control de plagas, se le encargó el estudio “Panorama actual de la shigellosis, determinándose su impacto e informar sus efectos y medidas a establecer para su prevención”.

La shigellosis es una infección intestinal causada por la bacteria Shigella, que se transmite por medio de contacto con heces humanas contaminadas.

Y más: Valzur Comercio y Negocio S.A. de C.V., que se dedica a la programación web, realizó un diagnostico de las enfermedades del adulto mayor yucateco.

Esta información, explicó el ex mandatario yucateco, fue proporcionada por personal del sector salud, indignada por la excesiva corrupción y desvío de recursos.

Comparan las prácticas –que revelan con más de un millar de documentos– con las realizadas por el ex gobernador priista Javier Duarte de Ochoa, quien en Veracruz desvió recursos públicos destinados a medicinas para niños con cáncer.

Ninguno de los estudios contratados lo realizó especialista alguno, y que en la mayoría de los casos ni se entregaron.

A los presuntos testigos les pidieron guardar el anonimato, no por conservar sus puestos de trabajo, sino por temer por su vida.

Todos los servicios incluidos en esta lista fueron otorgados por adjudicación directa, en ningún momento se realizó una licitación pública para la elaboración de los estudios científicos ni, desde luego, se tomó en cuenta la experiencia o el giro de las empresas que lo elaboraron.

Se contrataron —y pagaron de manera atípicamente rápida— estudios sobre la lepra, el mal de chagas, enfermedades pulmonares, violencia familiar y sexual, accidentes de tráfico, patologías auditivas, anorexia y asma.

No aparece entre los contratados ninguna universidad, publica o privada, o centros de investigación científica. Por cada estudio, la Secretaría de Salud de Yucatán pagó más de un millón de pesos, aproximadamente.

“De las 61 empresas que participan en esta farsa”, dijo Patrón Laviada, “hay 16 boletinadas por el Servicio de Administración Tributaria, en apego al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”.

Se boletina a una empresa cuando se comprueba que simuló operaciones o realizó actividades ilícitas.

Las empresas en la “lista negra” son: Beco Peninsular, CMC del Golfo, Flager, Gaco Multiservicios, GN Global, Hexagono Experts, HGM México Comercial, Integral Experts de México, Maquiab, Nemrott Soluciones Integrales, Ok aplicaciones y más, Qbol, Quimex Especialistas, Tromax, Deconstmat y Gestpro Regional.

Hay igual empresas que comparten dirección fiscal; incluso cuatro con una misma ubicación: Qbol, Maquiab, Hexagono Expert y Beco Peninsular, que ponen como domicilio el número 232 de la calle 36, entre 29 y 33, del fraccionamiento Francisco de Montejo.

Otras empresas que participan en esta trama se constituyeron el mismo día y también comparten domicilios: Grupo Provemsa, Grupo Promercon, Grupo GCC del Sureste y Grupo GSY Comercial.

Este mismo “esquema Duarte” se replicó en 2016, rebasando los 160 millones de pesos.

Ese año, además de estudios científicos, las empresas contratadas realizaron otros servicios, como remodelaciones, mantenimiento y adecuaciones a centros de salud.

Hay un contrato paradigmático, en el que la empresa Govermet Solutions México S.A. de C.V. implementó la plataforma tecnológica “Hardweb.net”, la cual personal de esta misma dependencia desconoce y sostiene que no existe.

“Se pagó por humo casi 33 millones de pesos”, añadió.


(LectorMx)