Mérida, Yucatán.- El conflicto por la instalación de una megagranja porcícola en Homún tuvo hoy una nueva “batalla”, y en esta ocasión fue para los opositores al proyecto, es decir, los habitantes.
Y los “contrarios”, los empresarios, no la vieron venir porque fue una estrategia legal poco común, pero efectiva: 6 niños y adolescentes del poblado solicitaron un amparo, con el argumento de que planta industrial puede dañar su salud.
Basados en la Constitución, pero también en derechos internacionales, representantes legales de los menores acudieron ante el Juzgado Cuarto de Distrito para solicitar la suspensión de las operaciones de la granja, y la juez se las concedió.
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El amparo es contra los actos del Gobernador, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y el Presidente Municipal de Homún, explicaron la asociación Guardianes de los Cenotes y el grupo Indignación.
Entre las razones que justificaron la solicitud del amparo, los representantes legales de los niños y adolescentes argumentaron derechos al desarrollo, a un medio ambiente sano y al principio precautorio. Y recordaron que las autoridades tienen que hacer efectivo del interés superior de la infancia y adolescencia.
Como medida cautelar, la juez ordenó la suspensión provisional porque existe un “peligro inminente” de que se ejecute el acto reclamado (en este caso, que entre en operación la granja), y que puedan causarse perjuicios de “difícil reparación”.
“La operación de la granja porcícola afectará múltiples de sus derechos, entre los que se encuentran los relativos a un medio ambiente sano, a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico”, dijo la juez, con sede en Mérida.
A criterio de la Juez, la información aportada evidencia que la granja en cuestión podría poner en peligro la pureza o utilidad del agua en la región.
“Existe un interés en la sociedad de que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo para (…) una vida digna. En particular sus pobladores menores de edad”.
En ese sentido, reiteró que incluso la Constitución establece que interés superior de la nación que “sus niños se desarrollen libre y sanamente y tengan asegurado un futuro digno”.
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La suspensión otorgada obliga a Producción Alimentaria Porcícola, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (PAPO) a detener toda acción que implique la puesta en marcha de la granja, y a las autoridades (Gobernador, Seduma y Ayuntamiento) a garantizar que dicha suspensión sea efectiva.
Dictada de manera provisional la suspensión como medida precuatoria, el 9 de octubre próximo será la audiencia para definir la suspensión definitiva mientras se resuelve el amparo presentado por el riesgo que enfrenta la infancia de Homún.
Según los pobladores, hace más de 15 días la empresa Kekén comenzó a meter camiones repletos de cerdos a la megagranja, lo que molestó a los pobladores, quienes clausuraron simbólicamente el lugar.
La megagranja porcícola proyecta albergar a casi 50,000 cerdos, en una de las zonas de reserva de agua más importantes del país.
(Con información de Jesús Mejía/reportero)
