Mérida, Yucatán- Ajeno a los criterios de austeridad y reducción de los gastos, el Poder Judicial de Yucatán envió al Gobierno del Estado requerimiento de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 por 929.1 millones de pesos.
Este presupuesto, comparado con el de 2018 (540 millones 248 mil 22 pesos), representa un aumento de 41 por ciento.
Apenas este lunes, el Congreso del Estado también publicó lo que pretende gastar, y en medio de la confusión por las cifras, finalmente confirmó que pedirá poco más de 351 millones de pesos, cifra que es 63 por ciento más alta que la de este año.
En ambos casos, los aumentos que piden no tienen precedente inmediato, al menos no en las administraciones priistas pasadas.
En el caso del Poder Judicial de Yucatán, en la programación de su presupuesto enviado ayer para consideración del Ejecutivo, plantea las siguientes asignaciones para el próximo año:
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- Tribunal Superior de Justicia: 224 millones 72 mil
- Consejo de la Judicatura: 685 millones 354 mil
- Tribunal de los Trabajadores: 19 millones 714 mil
Los montos que ejercen este año dichas instancias que conforman el Poder Judicial son de 157 millones 80 mil pesos; 372 millones 5 mil pesos, y 11 millones 162 mil, respectivamente. Los incrementos de los recursos solicitados serían del 30, 45 y 43 por ciento.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, que preside el magistrado Marcos Celis Quintal, justificó el monto ante el “aumento en los conflictos entre particulares que deben resolverse en tribunales, lo que contrasta con la media de 2.9 jueces por cada 100 mil habitantes que registra Yucatán, por debajo de la media nacional”.
Señaló que la falta de un presupuesto adecuado “provocaría una insuficiencia en la capacidad que actualmente tiene el Poder Judicial que podría derivar en el diferimiento de audiencias, afectando con ello la oportunidad y aceleramiento de los procesos”.
Recordó que este año, por efecto de reformas federales, el Poder Judicial de Yucatán deberá atender todos los asuntos laborales, lo que requiere infraestructura, personal y equipos, además de que aumentarán los casos en materia mercantil, al integrarse otros al sistema oral.
El magistrado afirmó que la impartición de justicia debe ser forma pronta y expedita, con igualdad de acceso, imparcialidad y garantías de debido proceso.
“Para cumplir esos principios y políticas requerimos recursos humanos jurisdiccionales con capacidades excelentes y permanentemente actualizados en sus respectivas áreas de conocimiento, además de que es necesaria infraestructura y otros recursos materiales para prestar el servicio de impartición de justicia en condiciones óptimas en beneficio de los justiciables”, agregó.
La última palabra la tendrán los diputados al momento de discutir el presupuesto de Egresos 2019; sin embargo, se prevé que haya “tira y afloja” entre los partidos, como ya lo hubo este lunes, con el dinero del propio Congreso.
De hecho, uno los dirigentes del partido que se opuso al aumento del presupuesto del Congreso, Mario Mex Albornoz, de Morena, emitió varios mensajes en redes sociales para justificar el voto en contra; entre sus razones están no sólo la política de austeridad, sino que el PRI pretende proteger a los trabajadores porque son de su partido.
Dicho presupuesto fue presentado como un ajuste en beneficio de los trabajadores por el diputado priísta Felipe Cervera, pero existen motivos fuertes para suponer que es un intento de proteger a personal empleado por gobiernos tricolores.
— Mario Mex Albornoz (@MarioMexMorena) 16 de octubre de 2018
(Jesús Mejía/reportero)
