Mérida, Yucatán.- Ambientalistas denunciaron que la empresa Monsanto desacató, por tercer año consecutivo, resoluciones judiciales que impiden, desde 2015, la siembra de soya trasgénica en Campeche.

En un comunicado, informan que interpusieron, el pasado 5 de octubre, una denuncia ante la Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a fin de que esta instancia inspeccione el área, ubicada en Hopelchén, donde se realizan los cultivos ilegales.

Dicen que, para este ciclo agrícola, se sembraron 42,000 hectáreas -la mayoría con semillas genéticamente moficadas– para cosechar 120,000 toneladas de soya.

Como se informó en su momento, el permiso que la empresa Monsanto SA de CV obtuvo para la siembra, cosecha y comercialización de la soya trasgénica fue suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) hace 3 años.

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Además, la Senasica, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagarpa) revocó el permiso desde el 15 de septiembre de 2017, es decir, hace poco más de un año.

A decir de las organizaciones como Greenpeace e Indignación, la empresa Monsanto no acató las decisiones y mantuvo sus cosechas ilegales, por lo que hace 15 días los inconformes pidieron a la Senasica que inspeccionara, entre otros puntos, los siguientes:

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  • Santa Fe
  • Trinidad,
  • Las Flores
  • Santa Rosa
  • Nuevo Progreso
  • Rancho Santa Juliana

La denuncia es por “la probable liberación al ambiente, siembra, posesión y/o comercialización de semillas y/o granos de soya genéticamente modificada (soya GM) sin el permiso correspondiente”.

Los quejosos recordaron que durante el 2016 Senasica admitió que se habían sembrado 16 predios del municipio de Hopelchén, Campeche, con soya trasgénica, a pesar de las restricciones legales.

“Estos hechos reiteran la incapacidad del Senasica y la Cibiogem para garantizar la bioseguridad en territorio mexicano”, señaló Maria Colin, vocera de Greenpeace.

El abogado del equipo Indignación y asesor de las comunidades mayas, Jorge Fernández Mendiburu, acusó al Poder Judicial de incapacidad para hacer cumplir sus sentencias y garantizar que no se continúe con la violación de los
derechos humanos.

Las organizaciones alertaron que en caso de que las empresas y soyeros insistan en la comercialización y siembra de semillas de soya transgénica en Campeche pueden alcanzar multas de hasta 2 millones 418 mil pesos por violaciones a la regulación de bioseguridad en México.