Mérida, Yucatán.- Conforme a indicadores oficiales sobre corrupción, Yucatán figura entre las entidades federativas con menos casos en el ámbito público respecto del promedio nacional reportados por su población y por las empresas locales.

De acuerdo con datos del INEGI, a propósito este 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción, el 14.6 por ciento de la población adulta en promedio del país experimentó en 2017 alguna irregularidad en su contacto con algún servidor público, en tanto que en Yucatán fue de 12.3.

Se precisa que las entidades con mayor casos de corrupción son Ciudad de México, Quintana Roo, San Luis potosí, Chiapas, Durango, México, Chihuahua, Sonora y Michoacán. El siguiente grupo de 11 estados forman la tabla intermedia y Yucatán figura al final después de Tabasco con 14.7 y Campeche con 12.7.

Los 11 estados menos corruptos son, de menor a mayor casos: Guanajuato, Puebla, Veracruz, Colima, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca, Coahuila, Tamaulipas, Querétaro y Baja California Sur con rangos que van de 9.0 a 11.9.

En cuanto a empresas o unidades económicas, se precisa que en promedio el 5.4 por ciento del total de los establecimientos fueron víctimas de corrupción, pero en Yucatán fue mucho menor de apenas 2.3 por ciento, uno de los más bajos en México.

Las entidades que presentaron un aumento en la prevalencia de corrupción en unidades económicas respecto al nivel registrado en 2013 fueron San Luis Potosí, Ciudad de México y Querétaro, a diferencia de Guanajuato, Yucatán, Baja California y Puebla que tuvieron las mayores reducciones en el indicador.

Para dar una idea del avance considerable de la corrupción, se precisa que en 2017 la tasa de incidencia de corrupción (25 mil 541 delitos por cada 100 mil habitantes que tuvieron contacto con servidores públicos) fue incluso mayor que la incidencia delictiva de robo en calle o transporte público (11 mil 081 delitos por cada 100 mil habitantes).

La corrupción fue definida por el INEGI como “el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual”.

Puede presentarse a grande o pequeña escala. La corrupción a gran escala en el espacio público involucra a grandes empresas que deliberadamente entregan dinero o regalos a funcionarios públicos para verse beneficiadas de decisiones del gobierno.

Los datos utilizados provienen de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública, y Sistema Penitenciario Estatales y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales.

En el país se percibe que la corrupción es una práctica ampliamente extendida en los espacios de acción gubernamental. En 2017, nueve de cada 10 adultos residentes de áreas urbanas consideraron que la corrupción es una práctica frecuente entre los empleados de Gobierno estatal quienes buscan obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores por la provisión de algún bien o servicio.

Los ámbitos donde se presentaron actos de corrupción con mayor frecuencia fueron en la interacción con autoridades de seguridad pública y en los trámites relacionados con el acceso a la justicia, principalmente al realizar algún trámite o dar seguimiento a un asunto en el ministerio público o ante juzgados por algún conflicto legal.

En los trámites relacionados con la propiedad y los vehiculares las prevalencias de corrupción fueron más altas, con 30.7 y 17.8 por ciento, respectivamente. En contraste, los actos de corrupción fueron menos frecuentes en los trámites o servicios a cargo del gobierno federal.

En el caso de las unidades económicas, estas fueron más susceptibles de ser víctimas de corrupción al solicitar algún trámite o permiso federal o municipal, necesario para su operación, tales como una licencia o permiso de construcción o de uso de suelo, un permiso para importar o exportar, o en la atención de alguna inspección requerida por parte de una autoridad.

Al analizar el tipo de trámite con mayor prevalencia de corrupción, contacto con autoridades de seguridad pública, se observa que, independientemente de la región del país, seis de cada 10 mexicanos fueron víctimas de un acto de corrupción cuando interactuaron con policías u otras autoridades de seguridad pública, ya sea por incidentes de tránsito, infracciones o algún tipo de detención.

Durante 2017, 3.1 millones de personas reportaron que habían otorgado dinero indebidamente para obtener algún trámite o servicio público, cuyo monto total ascendió a siete mil 218 millones de pesos.

Dicha cantidad fue equivalente al presupuesto federal destinado a tres programas sociales: estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, comedores comunitarios y el programa de coinversión social, que en conjunto contaron con un presupuesto de siete mil 146 millones de pesos en 2017.

(Foto tomada de internet)

(Jesús Mejía)