Mérida, Yucatán.- Una especialista y activista en materia de justicia para adolescentes planteó que el sistema judicial a nivel nacional ha abusado del internamiento preventivo por encima de las medidas cautelares, ya que hay estados en los que han sido privados de su libertad hasta en un 75 de los casos.

Pamela Velázquez Zambrano, del Observatorio del Instituto de Justicia Procesal Penal (OIJPP), expuso que la prisión o internamiento preventivo en adolescentes es muy recurrente en Zacatecas, Tabasco, Sonora, Quintana Roo, Morelos y Guerrero, donde superan 50 por ciento de los casos de detención, lo que es atentatorio a los derechos del niño.

El problema es que habido casos de que el internamiento preventivo ha durado hasta cinco meses, lapso en que llega la sentencia absolutoria sin que haya reparación al daño causado al adolescente por el tiempo que estuvo internado, incluso de manera irregular en contacto con adultos, comentó en entrevista.

En cuanto Yucatán, luego de participar en la reunión preparatoria del Congreso Mundial sobre Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes, indicó que la situación es ejemplar ya que en el 72 por ciento de los casos –unos 60 jovencitos al año en promedio se sujetan a procesos judiciales– las autoridades aplican las medidas cautelares y sólo en un 28 por ciento recurrieron al recurso extremo de la detención.

Campeche también es ejemplar en el uso de medidas cautelares hasta en un 90 por ciento de los casos, en contraparte con Quintana Roo en donde se abusa de la prisión preventiva hasta en un 60 por ciento, aunque la situación es peor en Guerrero, hasta en un 90 por ciento por delitos de menores.

De acuerdo con la especialista, las medidas sancionadoras en libertad de carácter socioeducativo deben de preferirse sobre las medidas privativas de la libertad; sin embargo, dijo, hay falta de concientización y especialización de los jueces, agentes de ministerios públicos y defensores.

Remarcó que el internamiento preventivo sólo se debe imponer por los delitos que así lo ameriten y cuando otro tipo de medidas cautelares en libertad no sean suficientes para garantizar la comparecencia del adolescente a juicio o el normal desarrollo de la investigación, según asientan articulados de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Enlistó que las medidas cautelares consisten en la presentación periódica del acusado ante la autoridad; el someterse al cuidado de una institución o persona determinada; el colocarse brazaletes electrónicos; el resguardo de domicilio; embargo de bienes; garantía económica e inmovilización de cuentas.

Afirmó que si el adolescente promete que va a continuar su proceso por fuera debe ser suficiente para prescindir de las medidas cautelares. A los adolescentes hay que darles otra oportunidad, recalcó la activista de la Ciudad de México.

La especialista refirió que la mayoría de los adolescentes involucrados en procesos judiciales se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya que no viven con sus padres, están en situación de calle o incluso carecen de oportunidades de estudio y desarrollo.

En más de 50 por ciento de las detenciones de adolescentes, apuntó, es por parte de policías municipales que los someten a tratos violentos y vejatorios a su dignidad.

En la Ciudad de México como en otras metrópolis el mayor delito por el cual los adolescentes están en internamiento preventivo es por robo simple.

(Jesús Mejía)