Mérida, Yucatán.- Activistas en derechos civiles advirtieron que es necesario evitar en las elecciones de 2021 se repitan hechos de violencia política contra las mujeres, como el condicionar el acceso a candidaturas a cambio de favores sexuales y terminar con la simulación de paridad y garantizar el acceso femenino a los cargos públicos.

Durante el foro “Diálogos para una estrategia integral de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres”, las ponentes lamentaron que persistan visiones machistas y retrógradas en la política, particularmente en los procesos de elección y en el ejercicio del desempeño público.

La consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), María de Lourdes Rosas Moya, señaló que aunque en Yucatán no se presentó denuncia alguna sobre violencia política hacia las mujeres, sí hubo conductas que afectaron su acceso a cargos públicos de elección como recursos insuficientes para hacer campaña y presiones para no ejercer cargos a las que fueron electos.

Aunque aceptó que hubo avances en paridad de género, ésta no se reflejó en los resultados de la elección, sobre todo a nivel de regidurías y presidencias municipales ni en equidad de oportunidades para competir políticamente y si faltaron denuncias fue por temor a ser marginadas y discriminadas en sus partidos.

La coordinadora general de Transversalidad y Operación Regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Anabel López Sánchez, recordó que en la elección de 2018 hubo casos en que se ofrecieron cargos de elección a cambio de relaciones sexuales, particularmente en Oaxaca, donde, dijo, además ocurrieron sistemáticos ataques mediante redes sociales a las candidatas electas.

Esta situación, citó, se dio en otros estados del país, en los que persisten como parte de los usos y costumbre el sistema de asambleas tradicionales que impiden el acceso –por su conformación mayoritariamente masculina– de aspirantes femeninas.

Milagros Herrero Buchanan, presidenta del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres, mencionó que no existe una legislación que sancione la violencia política; sin embargo, habló de buenas señales para avanzar en ese sentido.

Subrayó la iniciativa de la senadora Lucero Saldaña y de diputadas y diputados de los grupos parlamentarios del PVEM y Morena de tipificar la violencia política con una sanción de 50 a 300 días multa y de seis meses a dos años de prisión.

Marina López Santiago, de la Defensoría Pública de Pueblos y Comunidades Indígenas, reconoció que, además de la marginación y pobreza, los pueblos originarios enfrentan discriminación en cuanto al acceso a las candidaturas a cargos de elección popular.

Junto con Anabel López coincidió en la necesidad de convertir en ley las disposiciones del Instituto Nacional Electoral de colocar en la Cámara de Diputados a indígenas de cuando menos 28 distritos –de los 300 con que está dividido el país– con poblaciones mayoritariamente étnicas.

(Jesús Mejía)