Mérida, Yucatán.- Como “no apropiada” calificó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Miguel Óscar Sabido Santana, el actuar de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en contra de los manifestantes el pasado 19 de enero.

Con base en unas 20 quejas ciudadanas integradas en la carpeta de investigación y con un informe recibido de la corporación se prosigue con la intervención por uso de gas lacrimógeno por parte de los antimotines.

El principal tema a indagar es si el lanzamiento de una granada de gas, ocurrió por iniciativa de un propio elemento o recibió alguna instrucción de un mando superior, puntualizó el ombudsman en entrevista posterior a la presentación de su informe anual en el Congreso local.

Las evidencias recogidas en video tanto en los portales y redes sociales de los medios de comunicación y ciudadanos, recalcó el titular de la Codhey, demuestran que la acción de la policía no fue la adecuada.

Mencionó que el titular de la SSP reportó que el agente responsable actuó por decisión propia, sin orden superior alguna.

Ante ello, el titular de la Codhey anticipó que el informe del comandante de la SSP es insuficiente, por lo que se le ha requerido mayores detalles.

Y adelantó la posibilidad de entrevistar a otros policías y personas que participaron en el suceso.

Este caso en seguimiento tendría resultados en máximo 4 meses cuando otros asuntos dilatan hasta nueve.

Respecto al fallecido en una patrulla y cuyos ocupantes se encuentran sujetos a investigación, Sabido Santana reiteró que la Codhey inició queja de oficio.

Reveló que la Codhey ha notificado y solicitado información este día tanto a la SSP como a la Fiscalía General del Estado (FGE) para conocer las causas del deceso.

Es importante tener los datos completos y saber si en la muerte de esa persona hubo o no violaciones a sus derechos humanos, puntualizó.

Las muertes en cárceles públicas de Yucatán durante 2019 sumaron 6 y en el 2018 fueron 14, de tal manera que habido una disminución mayor a un 50 por ciento.

De su informe 2019 ante el pleno de la Legislatura, citó que el año pasado la Codhey recibió cuatro mil 294 solicitudes de intervención, un promedio de casi 12 diarias, superando en más del 20 por ciento las tres mil 566 peticiones de 2018.

Del recuento de un mil 508 hechos violatorios de derechos humanos, el ombudsman enlistó como los principales: la prestación indebida del servicio público, detenciones arbitrarias, lesiones, amenazas, robos, allanamientos de morada, trato cruel, inhumano o degradante, violaciones a la integridad de los menores y retenciones ilegales.

De las 68 autoridades señaladas como responsables de violaciones a derechos humanos, se orientaron principalmente a efectivos de la SSP, representantes de la alcaldía de Kanasín, Secretaría de Educación estatal, FGE, Ayuntamiento de Progreso, Secretaría de Salud y las comunas de Mérida, Motul, Muna y Umán.

De las 32 recomendaciones dirigidas a 24 autoridades, las que recibieron un mayor número fueron: Secretario de Seguridad Pública del Estado (11), Fiscal General del Estado (7) y presidentes municipales de Tekax (2), Panabá (2) y Dzilam González (2).

En ese lapso, 239 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados, dependiendo de la gravedad cometida y van, desde una amonestación, arresto, suspensión temporal sin goce de sueldo, hasta la baja definitiva.

El número es superior al registrado en 2018, que fue de 214 servidores.

(LectorMx)