Por Jesús Mejía

Mérida, Yucatán.- Por considerarlos lesivos al interés colectivo y violatorios a los derechos humanos, organizaciones emergentes interpusieron recursos jurídicos y de amparo contra los cinco megaproyectos del actual Gobierno Federal: Dos Bocas, Aeropuerto de Santa Lucía, Proyecto Integral Morelos, Corredor Interoceánico y Tren Maya.

La solicitud de amparo fue formulada el pasado viernes al Juzgado XV en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por lo que esperan se asigne número de expediente y se dicten, si así lo determina el juez, medidas cautelares que implique la suspensión de obras, licitaciones y todo tipo de acciones en proceso.

El representante del Colectivo Aequus- Promoción y Defensa de Derechos Humanos, Víctor Caballero, informó lo anterior y expuso que también se interpuso un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas violaciones a las garantías de las comunidades indígenas y pueblos originarios.

En rueda de prensa virtual, el promovente dijo representar a la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal para presentar sendos recursos legales, actos que fueron respaldados por Carlos González García, integrante del Concejo Indígena de Gobierno, y Pedro Regalado Uc Be, defensor del territorio maya.

El recurso interpuesto ante el Juzgado XV es “por graves violaciones a Derechos Humanos” en el sentido de que dichos megaproyectos implican afectaciones a los ecosistemas, al patrimonio histórico y arqueológico.

También son contrarios al interés de las comunidades y pueblos mayas, ya que no fueron informados de manera libre y tomados en cuenta en sus decisiones conforme a lo recomendado por el protocolo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, explicó Caballero.

Pedro Uc dijo a un periodista extranjero que las comunidades mayas no fueron tomadas en cuenta ni consultadas para la realización del Tren Maya, el cual, afirmó sólo beneficiará a grandes corporativos del país asociados con extranjeros con dudosas operaciones fraudulentas y vinculadas con el caso Odebrecht.

Refirió que las reuniones celebradas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) con las comunidades mayas sólo fueron simuladas y sostuvo que el proyecto representa una amenaza a la biodiversidad y al patrimonio arqueológico, además de que son atentatorios al interés de los pueblos originarios.

González García, originario nahua de Jalisco y especialista en derecho agrario, aseguró que todos estos megaproyectos obedecen a intereses económicos de Estados Unidos, mismos que, afirmó, “han sido impuestos, pero nunca consultados a las comunidades que van a ser afectadas, particularmente a las poblaciones indígenas”.

Aseguró que el gobierno de López Obrador ha entregado esas obras a grandes consorcios nacionales y extranjeros a los criticó al inicio de su gobierno como “la mafia del poder”, y acusó que en particular el Tren Maya ha sido impuesto a los pueblos indígenas del sureste, ya que fue un proyecto formulado al inicio de su gestión.

Expresó que los proyectos están encaminados a detener la oleada de migrantes hacia Estados Unidos, además de que mediante el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, retomado del Plan Puebla-Panamá, se responderá a los intereses del vecino país de contar con un canal interoceánico de transporte de mercancías.

Los opositores aprovecharon la apertura de un espacio en las redes sociales para impugnar los megaproyectos a nombre de organizaciones afines a su posición y descartaron cualquiera de sus probables beneficios como impulsores del desarrollo regional.

La solicitud de amparo está dirigida contra los impulsores de los megaproyectos: el presidente Andrés Manuel López Obrador y los titulares de las secretarías de Hacienda, Comunicaciones y Transportes, Defensa Nacional, Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de Pemex, CFE y Fonatur, entre otras.

Caballero reconoció que el recurso de amparo es promovido por diversas organizaciones del centro del país, pero invitó a todas las personas, grupos y asociaciones no gubernamentales que se oponen a los proyectos se sumen a estos procedimientos legales.

(LectorMx)