Mérida, Yucatán.- La violencia de género ha estado presente en el confinamiento por el Covid-19, ya que tan sólo en julio pasado las denuncias en Yucatán aumentaron siete por ciento y las llamadas al 911 por el mismo tema incrementaron cuatro por ciento con respecto al mes anterior, aseguraron activistas.

“Es claro que el confinamiento con los agresores durante la pandemia es una condena para muchas de nosotras”, indicaron representantes de organizaciones sociales, al referirse a hogares inseguros en la actual emergencia sanitaria.

En el El Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, expusieron su inconformidad contra el gobierno de la llamada 4T por la falta de garantías a este segmento de la población, ya que todos los días unas 20 son asesinadas en promedio en el país.

Integrantes del Frente Activista de Yucatán y de otras asociaciones recalcaron que continúan las agresiones físicas y emocionales hacia el género, así como el acoso sexual ante un sistema de justicia lento en su actuar y que se vende al mejor postor, lo que agrava la vulnerabilidad de las mujeres afectadas.

En el parque de La Mejorada de Mérida, Aideé Carrillo, quien dijo ser del Partido Comunista Mexicano (PCM) en Yucatán, planteó que México es número uno en América Latina en casos de violencia sexual infantil y de los primeros en maltrato infantil, lo que representan “vergonzosas estadísticas”.

“Demandamos castigo ejemplar a tratantes de blancas, violadores, maltratadores físicos y feminicidas”, reclamó la lideresa, quien advirtió que el machismo también está presente en las instituciones de justicia.

“No nos basta se institucionalice un día en el calendario para recordarnos la violencia que todos los días vivimos. No necesitamos funcionarios con un moño naranja en la ropa, que más que un símbolo contra la violencia es un símbolo contra el cinismo institucional”, expresó.

En la lectura de un manifiesto público, Aideé Carrillo pidió un alto a la impunidad y de invisibilizar la violencia machista; las mujeres, dijo, necesitamos vivir sin miedo, con dignidad y justicia.

Martha Rosel, del grupo de jubilados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), patentizó su repudio al gobierno federal, porque ha negado el aumento de la violencia de género y desdeñado el movimiento feminista, anteponiendo la infiltración de una supuesta derecha.

Cuestionó a la administración federal por haber retirado el presupuesto a programas sociales para las mujeres trabajadoras como guarderías y casas refugio.

“Hacemos un llamado al gobierno de la 4T para que atienda la deuda que tiene con las mujeres de la clase trabajadora, que son violentadas y asesinadas todos los días, que haga realidad una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, precisó.

TIPIFICAR “VIOLENCIA INSTITUCIONAL”
En el Congreso local, otros colectivos que defienden los derechos de las mujeres presentaron una iniciativa en la materia.

Entregaron un documento en la Comisión de Equidad de Género una propuesta de reformas y adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán y al Código Penal del Estado de Yucatán para tipificar como delito la violencia institucional en la aplicación de ambas normativas.

Las firmantes asentaron que “es posible advertir que las instituciones estatales y municipales encargadas de atender a las mujeres han sido omisas o, incluso, incompetentes al momento de ejercer sus atribuciones”.

Se sugiere definir la “violencia institucional” como toda acción u omisión de las personas servidoras públicas que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Se establece que las autoridades estatales y municipales tendrían la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de la prevención, atención, investigación, sanción y, en su caso, reparación del daño.

(LectorMx)