Mérida, Yucatán.- Con la suspensión definitiva relacionada con el amparo presentado en julio del 2020 en contra del proyecto Tren Maya, comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la sociedad, frenaron el tramo 2 de ese futuro circuito.

La resolución del Juzgado Primero de Distrito en Campeche, emitida el jueves pasado, implica detener todo tipo de intervenciones en 222 kilómetros de la sección, cuya construcción está a cargo del Grupo Carso, Operadora Cicsa, S.A. de C.V., en convenio de asociación con FCC Construcción, S.A, con inversión prevista de 18 mil 500 millones de pesos.

Como efecto no se podrán realizar obras nuevas del Tren Maya entre Escárcega y Calkiní, ya que podrían generar daños irreparables.

“Esperamos que, ante los argumentos presentados, el Estado mexicano pueda aplicar el principio de precaución, que ya es vigente en México para todas las autoridades y decida suspender todo el proyecto”, suscribieron el Equipo Indignación A.C., el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, así como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

En conferencia de prensa, representantes de estas organizaciones pidieron al Poder Judicial de la Federación que vigile el cumplimiento de esa determinación que protege el derecho a un medio ambiente sano consagrado en el Artículo Cuarto Constitucional.

Para Fonatur, responsable de la planeación y ejecución de la ruta del moderno ferrocarril, la decisión judicial significa un duro golpe, ya que la primera estación del Tramo 2 estaría ubicada en Escárcega, único punto en donde coinciden tres tramos: el 1, 2 y 7.

Además, incluye cuatro paraderos: Edzná, Tenabo, Hecelchakán y Calkiní.

Xavier Martínez, de CEMDA, advirtió que los trabajos tienen que ser suspendidos y las autoridades responsables que deberán acatar son el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como Fonatur Tren Maya (TM).

El tema de fondo –explicó el abogado–, es que el proyecto del Tren Maya implica el riesgo de fragmentar los ecosistemas en la Península de Yucatán, particularmente los corredores biológicos y las áreas naturales protegidas.

La demanda de amparo se sustentó en el hecho de que la región peninsular es espacio vital para múltiples ecosistemas y biodiversidades emblemáticas como el jaguar, que son indispensables para la vida y el combate al cambio climático.

“Esa es la buena noticia, el mensaje del juzgado primero de distrito que hemos querido compartir con ustedes”, dijo Martínez, acompañado de otros activistas.

Sin embargo, reconoció que el proceso continúa, es decir, que la contraparte podrá interponer los recursos jurídicos en instancias superiores.

En cuanto a la reciente Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Fase 1, otorgada por Semarnat a Fonatur TM, también es afectada, toda vez que dentro de ésta se incluye obras nuevas en el Tramo 2.

Lourdes Ganzo Campos, de Tres Barrios de Campeche, afirmó que los funcionarios del Tren Maya pretenden imponer el proyecto mediante la destrucción de más de 200 viviendas que se encuentran en el trazado, en concreto inmuebles del barrio de Camino Real, Santa Lucía y La Ermita con asentamientos desde 1813.

“A nosotros nos acusan de haber invadido estas vías, pero más bien hace 100 años que el ferrocarril invadió la zona”, respondió la maestra jubilada.

Genomelín López Velázquez, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, consideró que este desarrollo ferroviario representa un peligro para la vida de las comunidades y pueblos indígenas, así como para el medio ambiente.

El 3 de junio de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo del Tramo 2.

(Fotos: Fonatur)

(LectorMx)