Mérida, Yucatán.- Dirigentes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) se quejaron hoy de irregularidades en la asignación de obras federales, estatales y municipales en contra miles de empresas del sector.

Los presidentes nacional y local del gremio, Ricardo García de León Coria y Jorge Alberto Villalobos Herrera, respectivamente, advirtieron que esas prácticas han empeorado la situación económica de esos negocios en México.

Entre los aspectos nocivos enlistó: la pandemia, la construcción de obras públicas asignadas al Ejército Mexicano y a los comités de padres de familia de escuelas públicas, la eliminación del ramo 23 y el favoritismo a constructoras allegadas o vinculadas a funcionarios públicos de los diferentes órdenes de gobierno.

Ambos líderes manifestaron respaldo a sus agremiados para denunciar este tipo de irregularidades en el ámbito público.

En el caso de Yucatán, citaron que luego de varios meses de litigio ante las autoridades competentes se demostró que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) incurrió en anomalías en trabajos asignados.

Representantes de la compañía Alta Tensión Cimentación y Caminos ALCICA, S.A. de C.V. presentaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), el 16 de diciembre del 2019, una demanda por la licitación y entrega de una obra pública por parte de la Japay.

El pasado 25 de enero del 2021, la dependencia federal consideró “debidamente fundada” la queja y ordenó reponer el proceso.

Sin embargo –reclamaron los declarantes–, esto fue imposible porque aun conociendo la existencia del recurso legal de inconformidad los funcionarios de la Japay lo ignoraron y ejecutaron la obra.

Según AMIC, son muy pocos los empresarios constructores que se atreven a inconformarse por miedo a represalias.

Sin embargo, ante el creciente aumento de anomalías por parte de los funcionarios públicos en la asignación de obras, la AMIC ha diseñado una estrategia de asesoría y acompañamiento de sus socios con el fin de evitar la impunidad.

Por ello, pidieron la intervención del gobernador Mauricio Vila Dosal para que ponga un alto a estas conductas.

“Creemos que el gobernador no está enterado de éstas y otras acciones que llevan a cabo algunos de sus funcionarios, por eso hacemos público este llamado para que tome cartas en el asunto y ponga un alto a estas conductas”, acotaron.

(Con información de AMIC)