Mérida, Yucatán.- La seguridad pública y la impunidad respecto a la corrupción contrastaron hoy visiones de las bancadas en el Congreso local.

Legisladores del PAN y del PRD alzaron la voz por algunas cifras y resultados en materia de Gobierno, Seguridad Pública y Estado Derecho, así como Desarrollo Económico y Territorial en Yucatán.

En el cierre de la Glosa del Tercer Informe, las bancadas panista y perredista refutaron conceptos, números y silencios por parte de los integrantes del gabinete que comparecieron en los últimos cuatro días.

Al fijar postura del Grupo Parlamentario del PAN, Moisés Rodríguez Briceño, advirtió de un rezago grave en la proliferación de ilícitos.

“Vemos con preocupación cómo hoy, los índices delictivos en nuestro estado no dejan de aumentar”, expuso.

Alertó que, en el contexto de la Península, Yucatán registra los más altos índices de incidencia delictiva del fuero común, con un promedio 95 denuncias al día durante el 2015, según datos de del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por encima de Quintana Roo.

“El combate a la corrupción es, sin duda, otra área reprobada para el Gobierno del Estado. Y los propios datos y respuestas ambiguas e incompletas que nos proporcionan así lo demuestran”, expresó.

Tras argumentar la inoperancia e ineficiencia del Instituto Estatal de Combate a la Corrupción (Ineco), calificó de injustificada la existencia de esta dependencia.

José Elías Lixa Abimerhi, lamentó que se ignoraran cuestionamientos acerca de las acciones implementadas para eliminar los actos de tortura de parte de elementos de la Policía Ministerial, en prácticas ilícitas violatorias de los derechos humanos.

En el rubro de Finanzas, consideró que ha quedado claro una “evidente carencia de estrategia” para garantizar el adecuado cobro al Impuesto a las Erogaciones en Juegos y Concursos y de la misma manera dar certeza jurídica a los usuarios que lo pagan.

“Lo anterior puede dejar abierto el camino para la evasión de impuestos, el daño patrimonial, un desvirtuado ejercicio de retención y un riesgo para los ingresos del Estado”, planteó.

Josué Camargo Gamboa, deploró la falta de respuestas concretas por parte de varios de los secretarios que acudieron al recinto.

“Podemos concluir lo siguiente: Todavía no se le cumple a los yucatecos”, resumió.

Por su parte, Raúl Paz Alonzo, manifestó que un verdadero desarrollo económico se debe reflejar en los bolsillos de la gente más necesitada.

Y sentenció que los datos presumidos en distintas ruedas de prensa no reflejan una mejor economía en Yucatán.

Además, defendió la labor de fiscalización del Legislativo y recordó es responsabilidad del Ejecutivo atender dudas.

Definió que el ejercicio de la glosa no abonó a la rendición de cuentas ni a la transparencia, ya que se trató de una presentación de cifras sin sentido.

“Los yucatecos están casados de posturas confusas y vagas, es el tiempo de las definiciones”, abundó.

Por su parte, el representante del PRD, David Barrera Zavala, demandó no bajar la guarda en la seguridad pública.

“Si bien es cierto, que los números estadísticos que se nos presentan son de los más bajos, esto no quiere decir que aun haya ciudadanos que no estén del todo conformes, sobre todo en la violación a los derechos humanos cuando se habla de detenciones arbitrarias, de cateos indebidos o de excesos en la forma de hacer revisiones en los ya famosos retenes o cuando ven a algún ‘sospechoso’ caminar por las calles”.

Por ello, abogó por el perfeccionamiento de la policía estatal y que realmente la ciudadanía se sienta segura cuando vea a un elemento cerca de ella y no que, por el contrario, se sienta atemorizada.

Compartió críticas a actuación del Ineco, por “ineficaz” que sólo sirve para tener mayor burocracia como pago a favores políticos de la administración pasada.

“Y por el otro lado, en el caso del ya famoso hospital que no es hospital de Ticul, tenemos la situación, que la empresa contratada en ese momento, no dejó garantía alguna, para proteger, si fuera el caso, como hoy lo es, la inversión realizada por el Gobierno del Estado.

“De aquí las preguntas que se desprenden, son ¿qué ha hecho la administración actual, para fincar responsabilidades a los funcionarios que omitieron, voluntaria o involuntariamente, esa parte fundamental garante que todo contrato debe llevar? y la segunda ¿Dónde acabó ese combate férreo a la corrupción?”, lanzó.

El perredista reprobó que la Secretaría de Administración y Finanzas reconozca que los casinos no pagan lo que deberían, y catalogó de “preocupante” que la autoridad reconozca esa situación, pero peor es que no haga nada por impedirlo y sancionarlo.

“Y la segunda, que a una pregunta de una diputada nos enteremos que el Gobierno del Estado haya erogado aproximadamente este año, una cantidad parecida a la del año pasado, que oscila entre los 14 millones de pesos en el Informe de Gobierno.

“La preocupación es, que con ese dinero ¿Cuántas acciones bien se pudieron hacer en beneficio de los yucatecos? Debemos entrar, de una vez al estudio de la prioridad de ese formato de Informe de Gobierno, creo es una responsabilidad que tenemos con nuestro Estado, por la situación económica que hoy vive el país”, concluyó.