Por: María Boeta del Mar
Mérida, Yucatán.- “La libertad de expresión tiene límites”.
“Al ejercerla no debe atacar la moral, la vida privada, derechos de terceros o perturbar el orden público”, compartió Alfredo José Moguel Escalante, representante de la Procuraduría General de Justicia (PGR).

Sin embargo, relatores de la ONU declararon que México es el país más peligroso para el periodismo, “por lo que se han creado leyes que protegen especialmente a quienes se dedican a esta profesión”, agregó.

El funcionario indicó lo anterior durante su participación en la “Mesa panel: Retos de la libertad de expresión y el respeto a los DDHH” que se efectuó en el Centro Universitario República de México y cuyo objetivo fue analizar y reflexionar sobre los límites de la libertad de expresión.

En el evento también participaron José Alberto Aguilar Márquez, jefe del departamento de capacitación a servidores públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Fabrizio León Diez, fundador de La Jornada y director de La Jornada Maya y Jenaro Villamil, periodista de la revista Proceso y director del blog Homozapping.

Moguel Escalante añadió que con la reforma en 2011 ya no se habla de Garantías Individuales, sino de Derechos Humanos, destacando el papel del artículo 6 que garantiza que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición”.

Jenaro Villamil reafirmó uno de los puntos del representante de la PGR al expresar: “Vivimos una realidad que ubica al periodismo como uno de los empleos de más alto riesgo”.

“Veo que en esta mesa panel hay diversidad de visiones sobre el tema, pero hoy quiero hablar sobre el papel cada vez más preponderante de las redes sociales en el periodismo”, dijo.

“Hay una situación compleja pero a la vez afortunada. Y ahora pudimos ver su injerencia con tres hechos: el proceso electoral, la Ley 3 de 3 y la violencia en Oaxaca”.

También está otro aspecto, que es utilizarlas para la guerra sucia. “Las redes sociales se volvieron un gran negocio para los gobiernos, como ejemplos tenemos Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo. El gobernador Roberto Borge hizo gran uso de ellas y eso que es uno de los mandatarios más oscuros en la historia del estado”.

“Se han convertido en un reflejo de que no puedes ignorar la opinión pública por la presión social que ejercen pero necesitamos distinguir lo que es la furia de los datos duros”.

“También nos estamos acercando al momento de definir los Derechos Digitales, el derecho al internet libre, sin concesiones. A crear ciudadanía y actitudes digitales”, aseveró Villamil.
Sobre este aspecto, un miembro del público preguntó a Moguel Escalante si hay algún marco jurídico para legislar las redes sociales. “Falta mucho por legislar, estamos en pañales. Si alguien comete un fraude por internet se le aplica la misma sanción si lo cometiera por fuera. Lo que quiero destacar es que en esto influye que faltan valores, siento que se han perdido”.

José Alberto Aguilar Márquez recalcó que es obligación de todos los ciudadanos conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos porque “tenemos que humanizarnos, sensibilizarnos y entender que la Libertad de Expresión es necesaria para que exista un buen gobierno”.

“Lamentablemente exigimos Libertad de Expresión pero no la apoyamos. Debemos asumir que conlleva una responsabilidad personal y colectiva”, comentó.

Fabrizio León Diez compartió su punto de vista del reportero en la era digital, en la que se convierte el plagio en algo más tentador a pesar de los avances tecnológicos. El reportero debe tener un compromiso honesto y hacer uso de sus derechos, “existir, poder ejercer y tener los medios para vivir”, acotó.

Uno de los asistentes preguntó: ¿Deben nombrar un Ombusdman del periodismo”. Villamil respondió: “No, ya existe la Codhey para esa función”.

Convenio
Antes de la mesa panel se firmó un convenio de colaboración entre el Centro Universitario República de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Manuel Jesús Herrera Cetina, director del instituto y José Enrique Goff Aillud, presidente de la Codhey, indicaron que el derecho a la Libre Expresión es fundamental para la sociedad y es uno de los más amenazados por los gobiernos opresores e individuales.