Mérida, Yucatán.- Seis de cada diez personas afirma que no viviría con una persona homosexual en su casa, según la más reciente encuesta del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo). El mismo número tampoco compartiría hogar con indígenas o enfermos de VIH.

“La discriminación tiene muchas caras. Es un problema social que tiene que ver con las actitudes pero también con hechos concretos como el tema de los migrantes, considerados raíz de todo mal y culpables de los problemas en nuestras comunidades”, indica Amaranta Gómez Regalado, integrante del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

La consejera ofreció la conferencia “Diversidad Sexual y Políticas Públicas” en las Segundas Jornadas de la Diversidad Sexual que organiza la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida.

“O en el caso de las mujeres tres de cada seis aún pregunta al marido por quién votar, piden permiso para usar un método conceptivo, entonces, la desigualdad es muy amplia y aún son grandes las brechas para la equidad”, añade.

La activista de derechos humanos señala que ha tenido intervención en la formación del Consejo Municipal contra la Discriminación de la Diversidad Sexual de Mérida.

“Existe una ley estatal contra la discriminación, pero es necesario pasarla de la Constitución de Yucatán a una política pública que genere cambios culturales.

“En el sur del país nos falta dar mensaje de inclusión. En el norte está el caso de Coahuila que ha avanzado bastante bien, Morelos y la Ciudad de México, por lo que creo que Yucatán puede ser un ejemplo para poder lograrlo”, asegura.

“Aún falta muchísimo para la aceptación de la diversidad sexual. En meses pasados tuvimos marchas de grupos de odio o que fomentan el miedo al sujeto diferente de lo que ellos consideran la norma o lo natural, y este problema se ha agravado muchísimo.

“En menos de diez semanas tuvimos 10 asesinatos y una agresión muy fuerte para personas transexuales, por lo que la diversidad sexual sigue siendo una agenda pendiente en muchos sentidos pero sobretodo habría que preguntarle a nuestros gobiernos ¿cuánto les cuesta la exclusión social?”, plantea la también antropóloga.

“¿Cuánto se pierde cuando una persona trans deserta de la escuela, cuando a una mujer no se le permite continuar con sus estudios, cuando ser joven es sinónimo de violencia? Si los gobiernos prestan atención a este punto, vamos a encontrar estrategias para fortalecer los derechos humanos, si esto no ocurre, vendrán más serios problemas?”, agrega.

“Un primer paso sería la creación del Consejo Municipal, aunque también la realización de estos foros que nos sirven para dialogar y aprender a ser incluyente”, añade Amaranta, quien se presentó ante la audiencia como muxe (personas nacidas con sexo masculino que asumen roles femeninos en cualquiera de los ámbitos social, sexual y/o personal).