Mérida, Yucatán. – Un frente común para defender los intereses de Yucatán ante la Federación en el tema de la miel de abeja y los transgénicos, propuso hoy el diputado federal, Jorge Carlos Ramírez Marín.
Entró así al diferendo que generó la controversia constitucional presentada el 13 de diciembre por el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, quien solicitó la invalidez del decreto del gobernador Rolando Zapata Bello, promulgado el 26 de octubre.
El legislador yucateco anunció que vía el Congreso de la Unión solicitará una explicación del porqué de la demanda.
“Pero en esto no podemos transigir, aquí tiene que haber un frente sólido. Les voy a decir qué es lo que está en juego: en mi opinión, la política toda. Quiero saber por qué perjudica a la Federación que Yucatán decida que no haya transgénicos, en palabras lisas y llanas: ¡A ellos qué les importa!
“Digo: ¿representan a los que venden transgénicos? Eso lo explicaría, pero ellos me representan a mí, no a los que venden transgénicos. ¿En qué les afecta? ¡Ah, vulnera la autoridad federal! ¿En qué? Es mí territorio, son mis ciudadanos, es mí producción y lo único que tú me das es dinero para que yo haga todo eso”, afirmó.
En el “Desayuno de la Amistad”, al que definió como el único sobreviviente del santoral priista en Yucatán, el vice coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, salió en defensa de Zapata Bello.
“Lo que hizo el gobernador, en una decisión valientísima, es proteger a un sector que sería un desastre para Yucatán que se perdiera. Este año la producción de miel se redujo un 30 por ciento, es decir una tercera parte y cada vez hay menos colmenas”, precisó.
En esa fecha, Yucatán se declaró “zona libre de cultivos transgénicos” y dispuso la promoción de cultivos orgánicos.
El 15 de diciembre, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió el recurso jurídico relacionado con el cultivo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), pero se negó a conceder una suspensión para frenar el decreto de Zapata Bello mientras se tramita el juicio.
El diputado federal, aspirante a la Gubernatura, advirtió que la reducción de las colmenas es un fenómeno, “un desastre de la humanidad” no dimensionado y del cual se desconocen sus orígenes.
Refirió que una gran economía de Yucatán depende de la producción de miel, a todas las escalas desde los que la mandan a Alemania hasta los que la venden en el mercado.
Acompañado del organizador del convivio anual, Rubén Calderón Cecilio y familia, así como de la ex gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho y del ex diputado federal perredista, Eric Villanueva Mukul, entre otros, Ramírez Marín cuestionó por qué la Federación quiera combatir una medida que está a todas luces protegiendo la economía de la población.
“En mi opinión no tiene razón, pero como no vamos a preguntárselo amistosamente sino que queremos que nos dé una respuesta oficial; el Congreso de la Unión le debe pedir al consejero Jurídico una explicación de por qué la Federación emprende una acción legal contra un estado libre y soberano. Eso es lo que se está jugando: mi derecho a ser libre y soberano.
“Eso es lo que se está jugando en esa resolución, no sólo la miel y los transgénicos. Entonces vienen las otras cosas, que por moda, por la ONU, que por Hábitat y por Unesco, etc., estamos adquiriendo. Entonces, me vas a venir a imponer cuáles son las condiciones del matrimonio en Yucatán o cuáles son las condiciones de las actas del Registro Civil, cuando esas son atribuciones estrictamente estatales.
Ese es mi derecho como miembro de la Federación, como entidad soberana. ¡Ah, no, no va haber soberanía! Bueno, esa es una discusión más larga”, abundó el priista.
Consideró que en México vivimos un nuevo fenómeno de centralización con el pretexto de la protección de derechos.
“¿Qué derecho busca aquí proteger el gobierno federal? El de los que venden los transgénicos.
“Yo no estoy en contra de los transgénicos, de hecho, creo que deberían probarse, sí, pero en otro lado donde no haya una industria en peligro”, acotó.
Sostuvo que en Yucatán es muy claro: los transgénicos son los enemigos de nuestros clientes, que no aceptan la miel que tengan rastros de ese tipo.
“Allí termina la discusión. Si yo tengo que vender miel entonces no puedo sembrar transgénicos. Cuando cambien esas disposiciones a lo mejor siembro transgénicos, pero hoy no puedo, y eso lo tiene que respetar, desde mi punto de vista, la Federación.
“En eso espero que hagamos un frente común los representantes federales, porque no podemos dar marcha atrás. Y espero que el Gobierno del Estado también sostenga su posición, porque me parece que fue una decisión justa y valiente”, insistió
Claro –repuso–, a menos que el Gobierno de la República explique que efectivamente es de vida o muerte para la Nación que se siembren transgénicos en Yucatán, cuando se siembran en Campeche, en Tabasco y en estados de la frontera con Estados Unidos.
“Pero esa es la realidad de ellos, no la nuestra. Volver a lo básico: déjame hacer lo que me toca a mí”, puntualizó.
Según la Consejería Jurídica de Los Pinos, con el decreto, Zapata Bello habría invadido atribuciones del Congreso de la Unión, que reguló el tema desde 2005 mediante la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, cuya aplicación corresponde a dependencias federales.
La intervención de la SCJN sólo servirá para aclarar cuáles son los límites de las atribuciones de los gobiernos locales en el tema de transgénicos –si es que tienen alguna–, sin hacer pronunciamientos sobre las polémicas científicas y ambientales que genera el uso de este tipo de semillas.
No es la primera vez que Yucatán enfrenta una controversia constitucional en la SCJN promovida por la Federación, pues en la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, éste impugnó la decisión del Congreso local sobre las candidaturas independientes.
Zapata Bello, quien en ese entonces fungía como diputado local, había propuesto insertar esa figura por primera vez en una legislación electoral en el país.
Al final la Presidencia de la República ganó ante la SCJN y las candidaturas independientes se retrasaron, aunque casi una década después se volvieron populares.
(LectorMx)
