Mérida, Yucatán.- Padres de familia denunciaron irregularidades en la atención de niños de familias desintegradas por divorcios y acusaron a funcionarios de maltrato, a tal grado que varios menores atraviesan problemas de salud mental, incluidos pensamientos suicidas.

Encabezados por Dariana Quintal, de la asociación “¡Ya no más negocios con nuestros hijos!”, los denunciantes acudieron a la sede de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), en el oriente de Mérida, y se quejaron de las condiciones inhumanas de sitio al que semanalmente acuden para ver a sus hijos.

Señalaron que el crecimiento de casos ha sido exponencial, desde que el Centro de Convivencia Familiar de Yucatán (Cecofay) se abrió, en 2012, de 40 usuarios, pasaron a mil 500, en 2017. Todos conviven en un espacio, de apenas 8 por 10 metros -una casa del fraccionamiento Juan Pablo II.

El espacio, dijeron los padres, no solo es insuficiente, sino que no tiene ni las medidas de higiene o seguridad mínimas para la atención de padres e hijos.

El Cecofay es un lugar destinado a la convivencia de los menores con los padres de quienes están separados por estar en medio de un juicio familiar. Son los jueces quienes determinan cuándo los niños deben tener ese contacto con ambos padres.

Afuera del edificio de Prodemefa, Dariana Quintal, un padre y tres madres de familia, mostraron su inconformidad por lo que consideraron negligencia de parte de funcionarios no sólo de la Prodemefa sino también del Poder Judicial del Estado de Yucatán e incluso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

En su explicación de lo que ha estado sucediendo con los procesos legales, Dariana Quintal acusó a la encargada del área de Psicología de la Prodemefa, Maricarmen Cob Gutiérrez, de ordenar la alteración de los informes que se envían a los jueces, en perjuicio de tres menores de edad.

En el momento en que se le acusaba públicamente, apareció la denunciada, Cob Guitérrez, y “a título personal”, se defendió de la acusación. Dijo que se abrió una investigación al interior de Prodemefa y que la habían exonerado.

Admitió que tenía en su contra denuncias ante la Contraloría y ante la Fiscalía y que iba atenderlas. No aceptó preguntas de los reporteros y cuando los padres de familia la cuestionaron, la funcionaria no respondió, y se retiró a su oficina.

Los padres de familia cuestionaron que ella se mantenga en el cargo, pues, según explicaron, la ley establece que ningún funcionario sobre quien pesa una denuncia debe estar en funciones, sino separado de su encargo.

“Lo que se vive con nuestros hijos es una excesiva violencia psicoemocional a la que ninguna autoridad le está dando la más mínima importancia”, dice un documento que entregaron a la prensa.

Dijeron que entre los hijos de los padres de familia que en ese momento protestaban había tres casos de niños que habían expresado pensamientos suicidas, e incluso mencionaron que una de las pequeñas es paciente psiquiátrico, tras varios años de proceso legal que no termina.

Los manifestantes pidieron a las instancias legales, tanto Prodemefa, como Poder Judicial y Codhey, intervenir para privilegiar “el interés superior de los niños”, quienes, cada fin de semana, acuden al Cecofay para pasar “un verdadero infierno”.

 

(EVM)