Mérida, Yucatán.- En Yucatán, el 100 por ciento de los adolescentes que cometen un delito o que están involucrado en un ilícito ya tiene adicción a alguna droga, sea marihuana, cocaína, alcohol, LSD, advirtió el magistrado Santiago Altamirano Escalante.

Sin embargo, aclaró que no en todos los casos los jóvenes cometieron el delito en razón de esa adicción, es decir, no necesariamente, en el momento del ilícito, estaban bajo los influjos de la droga o violaron la ley porque buscaban un medio para conseguirla.

En rueda de prensa, dijo que, para establecer el tratamiento médico para adictos como un medida de “justicia alternativa” en Yucatán se requiere aún de análisis y estudios de los tres poderes de la entidad.

En rueda de prensa, Altamirano Escalante presentó a Alejandro Carlín Balboa, juez de Garantías y del Tribunal de Tratamiento de Adicciones de Adolescentes de Nuevo León, quien tenía programada, por la tarde, la conferencia “La justicia terapéutica y sus efectos en el sistema de justicia penal para adolescentes”.

El juzgador de Nuevo León explicó el alcance de la llamada “justicia terapáutica”, una medida que se aplica a jóvenes que cometieron delitos cuando estaban drogados o que violaron la ley con tal de conseguir la droga.

Esta salida alternativa está contemplada en Ley Nacional de Ejecución Penal, sin embargo, no todos los adolescentes adictos que cometen delitos pueden beneficiarse, pues tiene que cumplir ciertos requisitos, legales y médicos, para ser candidato.

En el caso de los requisitos legales, no se contempla la participación en delitos graves como secuestro, extorsión, narcomenudeo o robo con violencia física. O sea que aún cuando el joven sea adicto, es decir, una persona enferma, no puede tener la conmutación de la pena de cárcel cuando se trata de estos delitos.

De hecho, no todos los jóvenes delincuentes y adictos tiene en beneficio de la “justicia terapéutica”. Cada caso es evaluado por un equipo de especialistas; además, el adolescente debe, primero, aceptar recibir el tratamiento, porque es voluntario.

El juez Carlín Balboa, quien aclaró que sólo Nuevo León y Chihuahua cuenta con estos tribunales, dijo que durante el tiempo que dura el tratamiento, los jóvenes acuden semanalmente a audiencias en las que, frente al juez, su terapeuta, su defensor, y un policía que lo vigila -e incluso va a su casa en busca de información que el joven no provée- para verificar sus avances.

La primera meta que debe cumplirse es mantenerse sobrio durante 300 días seguidos y, aunque en caso de recaídas no se les sanciona, si se analizan a fondo los casos para saber si la motivación del joven por consumir de nuevo la droga se justifica.

El juez de Nuevo León dijo que en poco más de dos años que llevan con este esquema, ya “egresaron” 41 jóvenes y que el principal logro es que no han reincidido en los delitos, aunque admitió que el número de jóvenes que no acaba el proceso y que, por tanto, fracasa, es elevado.

En el caso del estado del norte, los delitos que más cometen los jóvenes son robo con violencia y robos con violencia moral, y que desde 2012 a la fecha, ya no hay casos de jóvenes que se integran a la delincuencia organizada.

Cuestionado sobre la posibilidad de que este Tribunal se constituya en Yucatán, Santiago Altamirano Escalante explicó que uno de los objetivos de la presencia del juez Carlín Balboa era precisamente conocer su experiencia y, sobre todo, el contexto en el que se había aplicado en Nuevo León.

“La intención es conocer el tema… en caso de que hubiera las condiciones en el Estado tendríamos que hacer las propuestos”, explicó.

Destacó las diferencia que, de entrada, tiene Yucatán con Nuevo León: el delito más común que comete un joven es el robo simple, y aunque en el 100 por ciento de los casos que ellos han conocido hay una adicción no siempre el problema de salud es el motivo por el que cometen el delito.

Aseguró que, en coincidencia con la situación actual de Nuevo León, Yucatán tiene “saldo blanco” en el caso de jóvenes que se integran a la delincuencia organizada.

Los tribunales de tratamiento de adicciones sólo existen en México y Chile. Colombia terminó su proceso de capacitación, pero aún no entra en funciones.

(EVM)