Ciudad de México.- Algunas procuradurías se han transformado… aunque sólo de nombre, publica hoy el periódico Reforma, al exhibir pendientes en los estados en la implementación del nuevo modelo de justicia penal.
De acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), de 33 dependencias locales encargadas de procurar justicia en el país, en 15 no se ha hecho ningún ajuste para transitar al modelo acusatorio y adversarial.
El estudio “Lineamientos para un Modelo Homologado de Investigación Criminal”, difundido por el diario capitalino, ofrece una aproximación al tema.
Establece que en algunas de las que se han transformado en fiscalías, como las de Morelos, Yucatán, Campeche, Chihuahua, Durango y Jalisco, el nivel de autonomía todavía no es pleno.
Cuestiona que las transiciones hacia esquemas de Fiscalía no se han traducido necesariamente en mejoras significativas en la procuración de justicia.
“De hecho, muchas fueron meramente nominales o bien de un tipo que se ha denominado de autonomía relativa; es decir, aunque formalmente la Fiscalía cuenta con autonomía técnica y de gestión, continúa subordinada financiera y políticamente al titular del Poder Ejecutivo del estado”.
Entre otros casos, Reforma ventila el de Veracruz, donde el Fiscal Jorge Winckler Ortiz funge como abogado del gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares y de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez en un expediente sobre enriquecimiento ilícito abierto en 2015.
Los cambios en las corporaciones tampoco han venido acompañados de una mayor eficiencia en la investigación de delitos, señala el informe de CIDAC, en coordinación con la Fundación MacArthur.
María Novoa Cancela, investigadora de CIDAC-México Evalúa, considera que la falta de autonomía en las dependencias es la principal razón por la que no hay avance en la procuración de justicia.
“Las fiscalías son manipuladas por intereses externos, no sólo el gobernador, sino otros intereses que vulneran la institución y los resultados que se tienen”, asienta, al tiempo que urge la independencia técnica del Ministerio Público para el proceso del delito.
Por ello, sugiere una desburocratización escalonada de procesos con la finalidad de transitar de la “administración de expedientes a una función de investigación criminal”.
En la Península, Quintana Roo es el único mencionado con Fiscalía autónoma, mientras que la de Campeche carece de autonomía, y la de Yucatán con autonomía relativa.
(Con información de Reforma)
