Mérida, Yucatán.- Funcionarias del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) y del Centro de Convivencia Familiar de Yucatán (Cecofay) fueron denunciadas de supuesta corrupción y violaciones a los derechos humanos por ciudadanos encabezados por la abogada Dariana Quintal Narváez.

De manera pública y frente al Palacio de Gobierno, la defensora indicó que levantó denuncias ante la Vicefiscalía Anticorrupción y en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) en contra de dichas instituciones por “alterar información” que envían a los jueces para favorecer con la custodia de los hijos al mejor postor.

Aseguró tener constanciasy pruebas de irregularidades cometidas por la ex titular y la actual directora de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), Cinthia Guliana Pacheco Garrido e Irene Noemí Torres Ortegón, respectivamente, así como de la coordinadora del Cecofay, Rocío del Socorro Euán Medina.

Explicó que las funcionarias de la Prodemefa se han dado a la tarea de despojar a mujeres de sus hijos, teniendo un modus operandi que consiste en confabularse con abogados sin escrúpulos que, a petición de los ex maridos, fabrican
delitos y presentan denuncias.

Indicó que una vez interpuestas esas falsas denuncias, la Prodemefa manda a citar con engaños a las madres para que se presenten con sus hijos y ya estando ahí les son quitados y entregados a los padres denunciados, quienes a su vez proceden con demandas ante juzgados familiares de guarda y custodia en perjuicio de las madres que hasta hoy no han podido recuperar a sus hijos.

Afirmó que psicólogas del Caimede deliberadamente alteran y manipulan valoraciones e informes realizados a los menores que son enviados a los jueces para que estos tomen en cuenta y decreten sentencias manipuladas que favorece al mejor postor.

La abogada comentó que también padres son acusados de manera injusta mediante fabricación de pruebas por sus ex cónyuges con el fin de que pierdan la guarda y custodia de sus hijos.

Mencionó que estas irregularidades son frecuentes y sistemáticas, de tal manera que son cientos, apuntó, los afectados por la corrupción que persiste en dichas instituciones del sector público que dependen directamente de la Secretaría General de Gobierno.

Respecto al Cecofay, comentó también haber levantado denuncia por las deficientes condiciones de higiene y cuidado en que tienen a los menores, quienes además son violentados y reprimidos para no convivir con su familiar o padre no custodio.

Aunado a ello, dichos niños, presentan falta de higiene, piojos, hongos en la piel, ropa sucia, zapatos rotos como es el caso de una de sus hijas, retenida en dicho centro.

Indicó que ella es víctima de esta corrupción desde hace cuatro años en un juicio de guarda y custodia de sus dos hijas derivado de que el padre de éstas, Ángel Ismael Barragán Pérez, se dio a la tarea de contratar a un abogado para fabricar diversos delitos en su contra.

Refirió que su ex esposo y la abuela paterna ejercen sobre su hija presión para obstaculizar su encuentro, de tal manera que se han detectado indicadores de alienación parental que el juez del caso las niega.

Quintal Narváez y un grupo de personas se apostaron en la entrada de la sede del Ejecutivo local por varios minutos, para llamar la atención.

(Jesús Mejía)