Mérida, Yucatán.- Desde 2016 varios grupos de promotoras mayas de justicia y diversos actores de la sociedad civil hemos dado seguimiento, desde una perspectiva de derechos humanos y acceso a la justicia, al trabajo de las principales instituciones de justicia del estado.
Así, a través del estudio de los derechos de acceso a la justicia, la realización de visitas institucionales, y el acompañamiento a mujeres y análisis de sentencias, nos hemos encontrado con un sistema de justicia que ha fallado en garantizar plenamente los derechos de las mujeres mayas en Yucatán.
Frente a estas circunstancias, y en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora este 5 de septiembre, las mujeres mayas firmantes, y las organizaciones feministas e indígena que acompañan, llamamos al nuevo gobierno a tender puentes de diálogo entre autoridades de procuración e impartición de justicia y mujeres y organizaciones indígenas, que permitan fortalecer el acceso de las mujeres mayas a la justicia y hacia una vida libre de violencias.
Como colectivo, hemos detectado las siguientes áreas de oportunidad que consideramos podrían ser puntos de partida para dicho diálogo constructivo:
Es preciso dirigir los esfuerzos gubernamentales hacia políticas públicas interculturales que prevengan y atiendan la violencia contra las mujeres mayas.
Las autoridades deben tener en cuenta para el desarrollo de políticas públicas factores como la identidad étnica, lengua, territorialidad y diversidad de las mujeres indígenas para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
Así como, reconocer el papel que juegan las autoridades comunitarias: Jueces de Paz y Comisarios Municipales en el desarrollo de programas de prevención, atención, protección, coordinación y canalización de los casos de violencia que se presenten en las comunidades.
Es necesario fortalecer al Ministerio Público para que cumpla con investigar y proteger a las mujeres mayas de manera diligente.
Mediante la capacitación a las personas servidoras públicas en derechos humanos, género e interculturalidad; el desarrollo e implementación de protocolos de actuación para la emisión, seguimiento y coordinación sobre las órdenes de protección; y el establecimiento de mecanismos periódicos de supervisión y vigilancia a su labor.
Se requiere dar mayor difusión de los servicios que presta la Fiscalía General del Estado e implementar Fiscalías itinerantes para acercar el servicio público a los municipios y comunidades mayas -tal como lo señaló en sus observaciones al Estado mexicano el Comité de la CEDAW-.
Incorporar defensores de oficio victimales para las mujeres en situaciones de violencia.
Dar prioridad en el presupuesto al fortalecimiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia estatal y comunitaria.
Garantizar la igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia de mujeres mayas.
Esto implica incorporar intérpretes y traductores en las instituciones de procuración e impartición de justicia, así como asegurarse de que dichos servicios estén disponibles en las dependencias y/o departamentos regionales.
Es importante recordar que, tal como lo señala el Convenio 169 de la OIT y el artículo 2° Constitucional y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, es indispensable que en el proceso de diseño, implementación y evaluación de todas las políticas y programas públicos dirigidos a prevenir y atender la violencia contra las mujeres se incluya a las mujeres indígenas.
Confiamos en que el nuevo gobierno de Yucatán considerará nuestras voces y trabajará a través del diálogo y del consenso.
Las promotoras mayas de justicia somos 30 mujeres mayas de seis municipios de Yucatán (Chikindzonot, Tekom, Tixcacalcupul, Chemax, Kinchil y Halachó) que buscamos contribuir al acceso de la justicia de las mujeres mayas. Trabajamos colectivamente con el Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena, Apis Sureste Fundación para la Equidad, y EQUIS Justicia para las Mujeres, A.C. para combatir la desinformación sobre los derechos de las mujeres indígenas que existe en sus comunidades y clarificar las obligaciones de las autoridades frente a ellas.
(Comunicado)
