Mérida, Yucatán.- Dirigentes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) a nivel estatal y nacional revelaron la existencia de una red de corrupción en Yucatán en la asignación de contratos de obra pública del Gobierno del Estado a constructores privados, con los que acordaron “moches” de hasta un 30 por ciento del costo de los trabajos.

Carlos Ramírez Aguilar y Francisco Gallo Palmer, presidentes estatal y nacional de la AMIC, plantearon que fueron “bastantes” los empresarios que se prestaron a esas irregularidades, además de que también se concertaron obras con empresas “fantasma” o con prestanombres.

El representante estatal de la AMIC, agrupación que realiza su asamblea nacional en esta ciudad con la participación de delegados de 28 estados, expuso que la red de corrupción en obra pública alcanzó al expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Yucatán, Víctor Miguel Castillo Espinosa, quien se prestó a esas anomalías y se desempeñó posteriormente como director general del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey).

Señaló que la AMIC rechazó ser cómplice de “los moches” y otras irregularidades, de ahí que el Gobierno estatal prefirió concertar con quienes sí aceptaron ese tipo de acuerdos con supuestas empresas y con prestanombres.

Indicó que los “moches” variaban en un 20 y hasta un 30 por ciento del costo de la obra, lo que aunado al pago de impuestos y de las obligaciones con el Instuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quedaba un margen menor para la construcción con baja calidad de los materiales.

“Las obras ya venían con nombre y apellido y pedían moches y nosotros estamos en contra de eso. Así como yo hay varios constructores en la asociación, que desde hace seis años no trabajamos con el Gobierno el Estado por esa situación, que no nos prestamos a ello y pues nos vimos excluidos”, aseveró Ramírez Aguilar.

“Muchos constructores sí se prestaron a ello, hubo varios, bastantes, y siguieron el juego”, agregó, al mencionar que esa situación propició que se marginó a asociados de la AMIC.

“Ellos –continuó en su alusión a las empresas que participaron en los “moches”–, no sé cuántos perdieron, porque en ese juego que te pedían equis cantidades de dinero, hubo muchos que le deben a Hacienda, al IMSS por prestarse a esa situación”.

Sostuvo que esa red de complicidades y corrupción no se extendió al Ayuntamiento de Mérida, que presidió entonces Mauricio Vila Dosal.

A su vez, Gallo Palmer afirmó que durante el presente Gobierno federal ha habido un alto índice de corrupción en las licitaciones públicas nacionales, de tal forma que decayó la inversión en infraestructura pública en miles de millones de pesos equivalentes al 4.5 por ciento del PIB.

Citó que la gran mayoría de las obras se asignaron vía PPS (Proyectos para Prestación de Servicios), que son programas de arrendamiento, entre ellas hospitales, carreteras y escuelas, infraestructura que son arrendamientos financieros, deuda que tendrá que pagar la próxima gestión de Andrés Manuel López Obrador.

Precisó que la infraestructura edificada en salud, vía PPS, rebasa los 25 mil millones de pesos, que van a tener que pagar los próximos gobiernos ya que son proyectos de arrendamiento a 25 y 30 años, lo mismo en educación con el programa Escuelas al Cien que tiene una deuda de 85 mil millones de pesos, más los 165 mil millones de pesos en carreteras federales.

Ante esa situación generalizada de la corrupción, los directivos de la AMIC demandaron un nuevo sistema de realización de obra pública en el que la honestidad impere y se termine la corrupción.

Por lo pronto, dijo que la AMIC ya propuso al Congreso de la Unión eliminar el concepto de asignación directa de la obra porque es sinónimo de corrupción.

Remitió al caso de Tabasco, en donde ayer el Congreso local aprobó que toda obra pública pueda ser asignada de manera directa, lo que es corrupción, que también se ha extendido al estado de Campeche y es lo que la AMIC propone eliminar.

La finalidad es que cada una de las empresas de la construcción pueda participar en el concurso de licitación, toda vez que en la AMIC el 90 por ciento de ellas son pequeñas, familiares, y la idea es que puedan competir en las mismas condiciones y oportunidades que las demás firmas del ramo, y que en los fallos participe un comité ciudadano.

“Estamos solicitando a tres niveles de Gobierno piso parejo para que todos los empresarios puedan participar de manera equitativa, democrática, por una obra de mejor calidad y mas económica”, añadió el presidente nacional.

(Foto principal: archivo)

(Jesús Mejía)