Mérida, Yucatán.- La iniciativa del PRI para crear la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública del Gobierno del Estado de Yucatán, con la intención de dar “certeza y permanencia” a la burocracia, despertó suspicacias entre sus principales adversarios.

La propuesta del diputado local Luis Enrique Borjas Romero, en nombre de la fracción parlamentaria priísta en el Congreso estatal, con el argumento de hostigamientos, amenazas, agresiones y despidos injustificados en la estructura del Poder Ejecutivo, recibió dura respuesta de parte de la bancada del PAN en el Congreso estatal.

Rosa Adriana Díaz Lizama, con la representación de sus compañeros panistas, acusó que altos funcionarios del sexenio anterior empezaron a “basificar” a cientos de empleados, a partir del 2 de julio.

“Lo increíble: le dieron plazas a sus hijos, a sus primos, a sus sobrinos. No beneficiaron a la clase trabajadora, beneficiaron a la parentela, a los amigos…”, reprochó ante el pleno.

“No beneficiaron a quien diario iba a trabajar a su dependencia. Quisieron beneficiar a sus amigos y a los que son de su partido”, condenó.

En su posicionamiento, adelantó que solicitarán al Gobierno del Estado informe cuántos aviadores había en cada área, cuántos amigos o parientes de exfuncionarios estaban en nómina y cuánto ganaban.

Por ejemplo, denunció que en la Secretaría de Educación (Segey) trabaja la cuñada de una ex gobernadora (no pronunció nombre) con un sueldo alto, personal a su cargo y prestaciones por arriba de lo que percibe cualquier trabajador.

“Hoy en esta tribuna se viene a pedir lo que no se quiso dar cuando el PRI tenía mayorías… Esto se llama derecho de pataleo”, sentenció la ex senadora.

En alusión a una frase de Borjas Romero, subrayó que “no estamos hablando de botín de guerra”, y defendió el plan de austeridad del nuevo Gobierno del Estado con el que se pretende reducir en 20 por ciento el gasto corriente.

“Hoy vimos la devolución de 60 camionetas de lujo en que se daban el gusto de andar los hoy ex funcionarios del gobierno estatal y que seguramente extrañan”, ironizó.

Previamente, Borjas Romero cuestionó las bajas de “aquéllos que no comulgan con la ideología política del nuevo partido gobernante y eso no es justo”.

Esta situación ha generado incertidumbre entre los empleados gubernamentales y se atenta contra el derecho al trabajo que consagra la Constitución y los tratados internacionales, alegó.

Incluso, apeló a la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán.

Con ello justificó su planteamiento de una Ley de Servicio Civil de Carrera que garantice la continuidad de jefes de departamento, coordinadores, analistas y auxiliares, independientemente de los cambios sexenales.

NUEVO FISCAL

En otro tema, Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, afirmó que prevalecerá la necesidad de garantizar el estado de Derecho y una efectiva procuración de justicia en la designación del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al referirse a la terna de donde elegirán al nuevo fiscal, expresó en entrevista que los propuestos serán llamados a comparecer ante la Comisión de Justicia para conocer sus impresiones sobre la responsabilidad que quieren desempeñar.

En aproximadamente dos semanas el pleno podría resolver al respecto, previa consulta con colegios y asociaciones de abogados.

Los postulados son Robert Gutiérrez Crespo, José Gabriel de Jesús Puc y Wilberth Antonio Cetina Arjona, éste último objetado por su “dudosa trayectoria”.

Cetina Arjona es relacionado con Rodolfo Rosas Moya, hermano de la actual consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), María de Lourdes Rosas Moya y de la actual secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya.

Cetina Arjona fue contratado por el Iepac para demandar a la empresa responsable del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que presentó fallas la noche del 1 de julio.

MEGA GRANJA EN HOMÚN

A su vez, la presidenta de la Comisión Legislativa Especial para el caso Homún, Silvia López Escoffié, calificó de “ejemplar” la suspensión definitiva de las operaciones de la mega granja porcícola en ese municipio y adelantó que el Congreso local hará lo propio para preservar los cuerpos de agua de la región y del estado”.

“Veo con muy buenos ojos la decisión de la juez, nosotros como diputados vamos a hacer lo mismo, proteger el vital líquido”, puntualizó la diputada, quien adelantó que el próximo lunes se informará del plan de trabajo de dicha instancia, consistente en reuniones con las partes del conflicto y expertos de instituciones de educación superior.

(Jesús Mejía)