Mérida, Yucatán.- Los nueve proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes eólicas y fotovoltaicas han querido imponerse sin tomar en cuenta los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas a decidir sobre su instalación, afirmó Dawid Danilo Bartelt, director de Fundación Heinrich Böll en México y el Caribe.

El representante de la organización cercana al partido alemán Alianza 90/Los Verdes, indicó que los gobiernos federal y estatal, así como los inversionistas han querido imponer sus proyectos cuando deberían antes desarrollar las consultas para conocer si cuentan con la aprobación o no de las comunidades.

Expuso que la instalación de aerogeneradores y plantas fotovoltaicas deben hacerse sin violentar los derechos humanos.

Además de garantizar la sustentabilidad, la no afectación de la flora y la fauna, en particular las aves migratorias, también deben tener el visto bueno ex profeso de las comunidades y pueblos indígenas que deben ser sujetos de consulta, dijo.

El activista reprobó el procedimiento seguido por el Gobierno Federal de querer imponer dichos proyectos queriendo soslayar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

“No podrá haber generadoras de electricidad eólicas y fotovoltaicas basadas en violaciones a los derechos humanos”, advirtió en conferencia de prensa.

Remarcó que autoridades e inversionistas deben seguir ciertas reglas para efectuar una consulta libre, sin presiones, con las comunidades sin violentar su derecho a la autodeterminación.

“Es importante hablar con la población antes de tomar una decisión. Las consultas se han hecho para organizar el sí en vez de que la comunidad decida por el sí o por el no”, apuntó en referencia a resistencias expresadas por ejidatarios, comunidades y pobladores cercanos a los nueve proyectos a instalar en Yucatán.

Mencionó en particular los casos de los municipios de Progreso, Dzilam de Bravo, Tizimín y otros con generadores fotovoltaicos y eólicos.

“Esto de las consultas con las comunidades debió de hacerse en el caso de la granja porcícola de Homún y deberá realizarse en torno de los proyectos de agroindustria que prevé implementar próximamente el Gobierno del Estado con la participación de inversionistas privados”, sostuvo.

Bartelt, quien participó en las Jornadas de Derechos Humanos en Mérida, expresó su preocupación porque se impongan los proyectos por sobre los derechos de las comunidades.

El Centro Nacional del Control de Energía informó a fines de 2016 que Yucatán captaría una inversión total por mil 915 millones de dólares en los nueve proyectos, que tendrían una capacidad de generación de mil 344 MW.

(Jesús Mejía)