Mérida, Yucatán.- Las 4 cajas de documentos apiladas sobre un “diablito” guardan miles de nombres de beneficiarios de un programa de apoyo a los ancianos: “Cobijar“… pero algunos de ellos ya estaba muertos cuando “recibieron” los cobertores…

En realidad, el apoyo nunca les llegó, pero en  el papel aparecían sus nombres y huellas digitales que, se suponía, eran de ellos. Esto fue parte del primer descubrimiento de la Federación de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy), organización no gubernamental (ONG), hace 10 años, durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco.

Pero lo que realmente dejó fríos y descobijados a los activistas fue la respuesta que, cinco años después de luchar para fincarle responsabilidad a los culpables del desvió de recursos, fue la respuesta de la entonces contraloría: que el caso quedaba cerrado porque los “demandantes” nunca dieron los domicilios de los beneficiarios muertos”.

Esto recuerda Blanca Estrada Mora, líder de la Fecuy, al rememorar cómo, en 2008, decidieron darle “cauce” a la información que recibieron y que no sirvió de nada a través de las Jornada Popular por el Derecho a la Información Pública, que celebró su décima edición, este sábado, en Mérida.

Autocrítica, Estrada Mora reconoció -en el mensaje final de la primera parte del foro- que la situación de cuando iniciaron los procesos de transparencia a la actualidad no ha cambiado mucho, porque aquellos que desviaron los recursos -a quienes llamó simple y llanamente “ratas”- sí quedaron protegidos y no precisamente por “Cobijar”, sino por el “manto de la impunidad”.

Poco antes de su mensaje, se llevó a cabo una mesa panel sobre los procesos de entrega-recepción, es decir, los que realizan gobiernos entrante y saliente cuando concluye una administración, como lo que recientemente ocurrió, por ejemplo, entre Rolando Zapata Bello y Mauricio Vila Dosal.

La conclusión -aunque no fue del todo “transparente”- fue que ninguno de los niveles de Gobierno cumplió con informar todo lo necesario y suficiente sobre cómo se dejaba la administración ni cómo se recibía; esto, independientemente de que la sociedad en general tampoco lo demandó, como ocurre casi siempre.

En el debate participaron, Adrián Gorocica Rojas, activista de Wikipolítica y excandidato independiente al Congreso del Estado de Yucatán; Ariel Zapata Novelo, empresario y fundador de “Estrategos” -una organización civil altruista; y Lizbeth Estrada Osorio, dirigente de Ya Basta! Yucatán.

Gorocica Rojas dijo que la información pública está siempre expuesta, disponible, pero que el tema es cómo se presenta, porque cuando los ciudadanos se mete a revisar los documentos su contenido es poco entendible para el común de las personas.

El reto es, entonces, que la información pueda recuperarse y transmitirse en un lenguaje que lo entiendan todos.

Dijo que muy poco puede hacer una persona común con la información que se recaba “para llevarla un poco más allá”. El proceso de entrega-recepción se hace, pero los datos no se verifican. La Contraloría no hace su parte de revisar todos los documentos.

Ariel Zapata Novelo hizo un llamado a los jóvenes a no sólo “leer y compartir” las noticias en redes sociales sino hacer conciencia de la necesidad de seguir los procesos que lleva a cabo la autoridad, a “llamarles la atención” sobre sus acciones.

Les pidió -había varios jóvenes en el salón “Cervantes” del hotel El Castellano- cuestionarse qué sociedad querían tener dentro de 6 años, cuando acabe el periodo de Gobierno actual, y empoderarse para exigirle a las autoridades que hagan bien su trabajo.

Por su parte, Lizbeth Estrada Osorio explicó que aunque los procesos de entrega-recepción generan información útil para comprender las funciones de las administraciones, el problema radica que, como sociedad, no estamos interesados en ellos.

Lanzó varias preguntas a manera de reflexión… ¿Qué tanto sabemos de los procesos? ¿De dónde llega la información que surge de ellos? ¿Quiénes y qué nos informan? ¿La información es suficiente?

Dijo que la información que se da está “contaminada” por las campañas electorales y, lo peor, no constatamos que sea veraz.

Al final de su exposición, habló de un concepto poco utilizado por las autoridades: “transparencia proactiva”, que está contemplada en la ley, pero que no se aplica. Reglamentada desde 2016, dice que los sujetos obligados deben enlistar la información de interés público y publicarla, sin necesidad de que se la soliciten, pero no lo están haciendo.

“No dejemos de vigilar a los organismos públicos”, reiteró.