Mérida, Yucatán.- Activistas y responsables de guarderías locales encararon hoy al gobierno federal por su política contra las estancias infantiles que, según denunciaron, pone en riesgo la seguridad de los niños y el derecho de las mujeres a la igualdad.

Apoyadas por Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY) y otras agrupaciones de ese género, lanzaron un pronunciamiento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a senadores y diputados federales.

De manera simultánea, representantes, administradoras y maestras de esos planteles recurrieron a los medios de comunicación, a los que expusieron que desde enero muchos niños dejaron de asistir a los establecimientos, debido a la suspensión del subsidio oficial y a que los padres carecen de dinero para cubrir una cuota particular.

Así, se ha afectado a la gente más pobre, las personas vulnerables, trabajadoras de escasos recursos, sin seguridad social, ni servicios de guardería subrogada.

“No peleamos el presupuesto para nosotras, pedimos un mecanismo por el cual se verifique que la aportación que va hacer el gobierno federal se haga de manera segura para estos niños y se ocupe para lo que están destinándolo, para la atención y cuidado de los niños”, dijo Rebeca Lugo Fleites, integrante de una red nacional en defensa de la causa.

Compartieron las penurias de una madre habitante de la comisaría de Komchén, municipio de Mérida, con una niña que fue dejada “encomendada” la semana pasada por no poder cubrir la tarifa adicional a la guardería, tras la interrupción del subsidio.

La menor se fracturó una pierna y requirió cirugía, y ahora la mamá no puede pagar los gastos. De haber ocurrido en la estancia infantil, ésta hubiera utilizado un seguro de responsabilidad civil para el tratamiento.

“Así como esto vamos a tener muchos casos más, posiblemente de niños que salgan a la calle y que estén en riesgo en las mismas casas, de abusos sexuales, acosos. Tenemos un alto índice de abusos sexuales en Yucatán”, agregó Lugo Fleites.

Citó el caso más dramático de los niños con discapacidad que permanecerán en sus hogares, con parientes o desconocidos.

“Y, al día de hoy, nuestros pequeños están en casa, otra vez los van a volver a amarrar a la cama, otra vez los van a meter en corrales, otra vez los van a dejar en sillas…”, describió en conferencia de prensa.

En nombre de sus compañeras, rechazó que se les agravie con acusaciones de corrupción, pues las instalaciones a su cargo son sometidas a supervisión cada mes o cada dos meses por el DIF nacional, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, Protección Civil y la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

“Ellos tienen constancia de que nuestros servicios han sido buenos y correctos”, contestó.

Más aún, demandó que se castigue a los responsables de las anomalías, como al ex subcoordinador de estancias infantiles de la entonces Sedesol, René Emmanuel Morales Briceño, actualmente bajo proceso legal.

De las 204 estancias infantiles existentes en Yucatán, que atienden a más de cuatro mil niños, entre 10 y 20 han cerrado, principalmente en municipios del interior del estado.

Por su parte, una de las representantes de AMISY, María Eugenia Núñez Zapata, planteó preocupación de las organizaciones de mujeres por la “tendencia en las actuaciones del presidente de la República”, desde el inicio de su mandato.

“Pero ahora de nuevo vuelve a tomar una decisión que está no sólo afectando a la población infantil sino está yendo a destruir el andamiaje construido por las organizaciones de mujeres, por las organizaciones feministas para reducir la desigualdad de oportunidades”, reprochó.

No hay una mujer trabajadora, afirmó, que pueda rendir en su ocupación si tiene la inseguridad de cómo están sus hijos.

Además, rememoró la negra experiencia en Yucatán y en otras partes del país de la entrega directa a las familias de fondos como Prospera que terminaban en las cantinas.

“¿Qué garantiza que ese dinero que le van a depositar a los padres (mil 600 bimestrales) va ser en beneficio de los niños?”, cuestionó.

“Nadie en su sano juicio puede desbaratar un programa sin haber pensado en cómo va implementar el siguiente, y nadie ha explicado hasta este momento cómo van a implementar el siguiente”, remató la jubilada.

En respaldo de la carta abierta que leyó previamente Paula Pech, de la localidad de Hoctún, pidió que el programa de las estancias infantiles continúe tal y como está, cuando menos en 2019, y que la construcción de aquello que vaya a sustituirlo se haga con la sociedad, las mujeres y especialistas.

“Entonces, revisen bien antes de dar golpes como esto”, exigió.

De acuerdo con datos de las asistentes, las estancias infantiles atienden al 53 por ciento de la población nacional de niños, mientras que el resto queda entre las guarderías del IMSS, del ISSSTE y otras públicas.

Download (PDF, 99KB)

(LectorMx)