Mérida, Yucatán.- Representantes de justicia, del legislativo y de organizaciones sociales demandaron no sólo mantener sino aumentar los espacios de protección a las mujeres en situación de violencia, atender las causas estructurales que la generan e impulsar leyes para consolidar la participación femenina en la política.

Durante el Foro “Retos y perspectivas legales para el logro de la igualdad de género en Yucatán”, realizado en la sede del Congreso local, las damas participantes alzaron la voz para exigir mayor protección para sus congéneres, de las que unas 20 mil son atendidas en refugios al año a nivel nacional.

En Yucatán, sólo existen dos albergues que están en Mérida y atienden a víctimas de la violencia con sus hijos y dado que es creciente el número de casos se requiere abrir más en otros municipios, reconoció la titular de la Secretaría de la Mujer, María Herrera Páramo.

Advirtió que, aunque la violencia de género es un problema estructural para la que no hay soluciones fáciles, está muy vinculada a la dependencia económica de las mujeres hacia su agresor, pero también a la creciente presencia del crimen organizado, ya que muchas de sus víctimas son mujeres y niños.

En el encuentro, diputadas y promotoras de los derechos pidieron al gobierno federal considerar la continuidad de los refugios de atención a víctimas de la violencia, los cuales operan desde hace más de 20 años aún antes de la creación del Instituto Nacional de las Mujeres en el año 2000.

Herrera Páramo reconoció la posibilidad de que algunas casas de atención se hayan moldeado a modos de algún gobierno o se haya pervertido en su función, pero sostuvo que en general han permitido salvar del feminicidio a muchas mujeres, incluso en Yucatán, donde la mayoría de los casos de protección son a víctimas de violencia psicológica.

Al respecto, la directora del Instituto Municipal de la Mujer en Mérida, Fabiola García Magaña, informó que el albergue que administra el organismo a su cargo tiene capacidad para atender a ocho núcleos consistente en una mujer con sus dos, tres, cuatro y hasta siete hijos que buscan refugio y reciben alimentación, hospedaje y atención psicológica y jurídica.

Precisó que es tal la demanda que atienden de 30 a 45 núcleos familiares al mes, con mujeres no sólo del sur y oriente de Mérida, sino también de diversos municipios e incluso de otros estados que han acudido en busca de refugio, protección y atención, por lo que es necesario ampliar ese sitio.

En el evento, la consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, María del Mar Trejo, aceptó que pese a que muchas mujeres fueron afectadas en sus derechos políticos en el pasado proceso electoral, ya sea que se les discriminó o no se les dieron suficientes recursos para campaña, no hubo una sola denuncia formal de hechos.

Los medios de comunicación difundieron diversos escenarios de violencia en los que fueron afectadas las mujeres sin que hubiese querellas, de ahí la necesidad, dijo, de aumentar la cultura de la denuncia y por el otro introducir más reformas legales para garantizar las condiciones de paridad en candidaturas y asignación de cargos de representación popular.

La magistrada del Poder Judicial estatal, Ligia Cortés Ortega, citó al Tribunal Superior de Justicia como un ejemplo de participación femenina, donde cinco de sus 11 integrantes son mujeres y más del 50 por ciento de los cargos de administración de justicia, incluidos jueces y proyectistas, son del sexo femenino.

(Jesús Mejía)