Mérida, Yucatán.- Representantes de ejidos y comunidades de los municipios de Ixil, Valladolid, Muna y Sinanché informaron que han interpuesto recursos jurídicos ante tribunales agrarios para denunciar despojos mediante engaños en que han incurrido intermediarios y promotores de proyectos eólicos y fotovoltaicos.

En conferencia de prensa, ejidatarios y residentes expusieron presuntas irregularidades en la obtención de los terrenos, pagos irrisorios y posibles desastres ecológicos relacionados con el desarrollo de las futuras plantas de generación energías renovables.

Como integrantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch Xinbal”, que agrupa a 25 localidades, los inconformes, entre ellos Pedro Uc Be, reprocharon supuestas consultas y mentiras formuladas a ejidatarios y comunidades para las futuras obras.

Indicaron las empresas, mediante intermediarios, están violando derechos de pueblos indígenas mayas y propietarios de tierras ejidales y comunitarias.

Aclararon que no se oponen al desarrollo de energías limpias, sino a la forma y los procedimientos, así como engaños en que han incurrido los inversionistas.

Valladolid

La organización ejidal de ese municipio, en voz de Gregorio Hau Caamal, pidió al Ayuntamiento de Valladolid suspenda la licencia de construcción del parque fotovoltaico Yucatán Solar de la empresa Lightening PV Park S. de R. L. de C. V., por la devastación de selva que implicará la deforestación de 255.4 hectáreas y la posible instalación de 313 mil módulos solares.

Mencionó que especialistas reportaron, en la zona de afectación, el hallazgo del cenote “Múusench´een”, un centro ceremonial de los antiguos mayas que abarca 210 hectáreas, entre los sitios arqueológicos de Ebtún y Cuncunul, por lo que la conservación del área es fundamental para el patrimonio natural e histórico.

Sinanché

El ejidatario Severiano Gutiérrez Celis reveló que el comisariado ejidal comercializó las tierras de los propietarios sin asamblea ni acuerdos previos con promesa de renta de 126 pesos por hectárea al mes; sin embargo, el plazo de pago es de cada seis meses la misma cantidad, es decir, 60 centavos mensuales por hectárea.

Por lo anterior, informó haber iniciado una querella en el Tribunal Agrario en contra de la directiva del comisariado ejidal conformada por Domingo de Santaren Moo Tun, Paulino Dzul Dzul y Mateo Palma Galaz por usufructuar un total de mil 946 hectáreas.

Gutiérrez Celis indicó que es un robo y una incongruencia toda vez que la empresa Fuerza y Energía Limpia de Yucatán pretende instalar 74 aerogeneradores con una inversión de 307.7 millones de dólares a razón de 60 centavos por hectárea, de ahí que está previsto, dijo, una audiencia el próximo 12 de abril.

Ixil

En Ixil, la ciudadana Antonia Trinidad Cisneros Correa, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch Xinbal”, mencionó que el municipio se quedó sin terrenos ejidales, toda vez que mediante una asamblea amañada, sin consultar a los 200 propietarios y a la comunidad, extranjeros se hicieron dueños de 362 hectáreas.

Luego de aclarar que los territorios ejidales son también propiedad comunitaria, la afectada acusó a Alejandro Escoffié, especulador de tierras, de engañar a los ejidatarios y de no consultar nunca con la comunidad, por lo que obtuvo las tierras a razón de 150 pesos por hectárea y las revendió a extranjeros.

Agregó que la firma Esteyco, subcontratada por la empresa Eólica del Mayab, ya obtuvo casi dos mil hectáreas para la instalación de aerogeneradores mediante procesos ilegales, de ahí que existe una demanda ante la Procuraduría Agraria, a la cual piden anular todas las acciones de usufructo.

Muna

En el caso del ejido de San José Tipceh, del municipio de Muna, María de Jesús Euán Barbosa, denunció que la empresa Sunpower pretende instalar en dos etapas un parque fotovoltaico para lo cual adquirió unas dos mil hectáreas a razón de siete millones 200 mil pesos en renta en los próximos 30 años.

Consideró que la cantidad es ridícula, ya que implicó el pago de sólo tres mil 600 pesos por hectárea para las próximas tres décadas y no hay garantías de devolución de las mismas.

Por ello, aseveró que ha sido un engaño y se han aprovechado de la necesidad de los ejidatarios, quienes ya aceptaron los dos pagos de tres millones 600 mil pesos en agosto y en febrero pasado.

En ese contexto, pidió la intervención de la Procuraduría Agraria con promesa de audiencia el próximo 15 de abril.

(Jesús Mejía)