Mérida, Yucatán.- El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción inició un nuevo ciclo en su existencia en medio de cuestionamientos y dudas.

Tras la objeción de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Yucatán al proceso de elección de José Luis Villamil Urzaiz como integrante del CPC, Graciela Alejandra Torres Garma asumió como presidenta.

Aunque el lunes en reunión privada tomó riendas de esa instancia, hoy ofreció conferencia de prensa en donde afirmó que buscarán ganarse la confianza y credibilidad de la ciudadanía.

“Nos hemos enfrenado a múltiples obstáculos”, dijo Torres Garma al dar lectura un escrito.

“Sabemos de las opiniones y expectativas encontradas que marcan el segundo ciclo del Comité de Participación Ciudadana, pero les aseguro que una sociedad dividida, en contra de sí misma no puede sostenerse; desde luego que ponen opinar y criticar, siempre y cuando sea desde la base de ayudar y contribuir”, explicó.

Ya en la sesión de preguntas, reconoció que el CPC podría verse afectado por los “ataques”, en alusión a los señalamientos de la Coparmex en nombre de cámaras y otras organizaciones del sector privado.

Sin embargo, indicó que con trabajo intentarán ganar la confianza de los ciudadanos, pero prefirió guardar silencio y evitó ahondar en el caso.

Villamil Urzaiz es criticado por haber omitido aclarar durante el trámite de su designación que es cuñado de Manuel Jesús Castillo Rendón, otro integrante del CPC.

Torres Garma rechazó responder a la Coparmex y alegó que eso corresponde al Comité de Selección conformado por Álvaro Garza R. de la Gala, José Antonio Silveria Bolio Rodolfo Martínez Septién.

Sostuvo que se recibió la notificación de la incorporación de Villamil Urzaiz al CPC con las firmas de los miembros del Comité de Selección, por lo que le da la bienvenida.

Remarcó que la situación pudiera afectar la imagen del CPC, aunque insistió en un desempeño proactivo para desarrollar su estrategia conforme a los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por su parte, Villamil Urzaiz planteó que una cosa es su situación de parentesco y otra su condición de ciudadano.

“En Derecho, o existe un acto ilegal o no lo existe. Lo que no está escrito en la ley, lo que no tiene trascendencia jurídica, no tiene relevancia. Cualquier opinión debe ser debidamente fundamentada”, manifestó.

Justificó que en estos cuestionamientos de la Coparmex no se habla de una falta legal, sino de una opinión que no está fundamentada.

Después distribuyó copia de un texto que ya había publicado en un medio impreso, en el que refrenda que abogados analizan una posible demanda por daño moral.

También estuvieron: Mónica Febles Álvarez Icaza, Javier Montes de Oca Zentella y Castillo Rendón.

(Jesús Mejía)