Mérida, Yucatán.- Ante el reciente asesinato del joven Edgar Armando González Meneses, chofer de transporte público a través de plataformas tecnológicas, el Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa de adición a la Ley de Transporte para que todos los taxis y unidades derivadas de un APP cuenten con un geo localizador conectado a los cuerpos de seguridad pública.

En sesión ordinaria del pleno, la priísta Lila Rosas Frías presentó su propuesta que abarcaría a todos los vehículos en ese giro, sean del servicio convencional o los que operan por plataformas digitales.

“Si cada vehículo destinado para tal efecto cuenta de manera integral con un rastreador satelital que pueda emitir una señal de auxilio, misma que esté enlazada a los cuerpos de seguridad pública, nos garantiza poder obtener su ubicación en tiempo real para los casos que se presente alguna emergencia o hecho delictivo”, explicó.

Expresó que mientras más pronta sea la reacción de los cuerpos de seguridad, es mayor el índice de probabilidad de que la emergencia que sea resulte favorable para la víctima.

La legisladora mencionó que se trata de un sistema similar al programa “chip de rescate” que consiste en un sistema de rastreo satelital por medio del cual los ocupantes de una embarcación pesquera envían una señal de auxilio junto con sus coordenadas para que sean asistidos por las autoridades.

Expuso que en la mayoría de las veces las unidades son utilizadas por un solo pasajero, lo cual implica mayores condiciones de vulnerabilidad y no se diga cuando el pasajero es un adulto mayor o una persona de sexo femenino.

“Consideramos que con una inversión mucho menor al costo de un robo y sin lugar a dudas una vida, por parte de los prestadores del servicio de transporte de pasajeros en las modalidades señaladas, obtendremos una herramienta sumamente útil y pertinente para la prevención de algún delito y atención de cualquier emergencia”, indicó.

La propuesta recibió el respaldo de los legisladores, por lo que pasó a segunda lectura a comisiones para la elaboración del dictamen correspondiente.

Sobre el tema de transporte, la diputada Silvia López Escoffié planteó adiciones para incluir a los mototaxis en los modos de transporte, toda vez que sí están considerados en el reglamento pero no en la ley.

Dado que este sector no se encuentra en la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, no se les permite emplacar sus vehículos en Mérida, por lo que tienen que viajar hasta Campeche y Quintana Roo para hacer este trámite, lo que genera un costo mayor, confusión y desorden.

Su aprobación implicará el diseño de un marco regulatorio adecuado que garantizara las condiciones para un buen servicio de transporte, además de que formalizará este tipo de trabajo en las comunidades que necesitan resolver sus necesidades de transportación, precisó.

De esta manera, el mototaxi quedaría en la lista de las modalidades del servicio integrados por Autobús Convencional, Minibús o Medibús, Carreola, Combi, Taxi, Tricitaxi, Calesa o Calandrina y plataformas tecnológicas.

Por otra parte, la diputada Khatia Bolio Pinelo propuso un exhorto a los 106 ayuntamientos de Yucatán para dispongan de un recurso económico orientado a atender a personas con potencial de suicidio, dado que este problema coloca en la actualidad a Yucatán en los primeros lugares de incidencia.

Refirió que en el 2016 se registraron 220 casos que colocaron a Yucatán en el segundo lugar nacional con incidencia de 10.2 por ciento por cada 100 mil habitantes; en el 2017 ocurrieron 195 suicidios y en el 2018 aumentó a 246, la cantidad más alta en el último quinquenio. A la fecha, en el 2019, agregó, ya se tienen contabilizados 90 suicidios.

Precisó que en un 75 por ciento son varones y el resto mujeres, que prefieren la vía del ahorcamiento y el consumo excesivo de medicamentos controlados, resultado de problemas económicos, depresión y conflictos intrafamiliares o de pareja.

Por lo anterior, consideró necesario impulsar una campaña de prevención en todos los municipios y abrir espacios de atención para personas potencialmente suicidas.

El tema pasó a segunda lectura en comisiones para su dictamen, dado que es necesario definir la responsabilidad de este problema, si es el del sector salud o de las autoridades municipales.

(Jesús Mejía)