Mérida, Yucatán.- Ejidatarios de los municipios de Seyé, Umán, Tecoh, Motul, Kanasín e Izamal demandaron freno a los despojos de tierra de que son víctimas por parte de especuladores y ex comisarios corruptos.

Varias agrupaciones de ejidatarios se concentraron con mantas y carteles a fin solicitar el apoyo del Ejecutivo estatal para contrarrestar la pérdida de patrimonio que se cuenta por miles de hectáreas y que han adquirido mayor valor por los planes de desarrollo inmobiliario, de infraestructura y obra pública.

Los quejosos coincidieron en que las mismas prácticas de operaciones fraudulentas se dan en diversos puntos de la geografía de Yucatán en los que ex comisarios se prestan para vender sin consentimiento, con actas de asambleas amañadas o ficticias, las tierras ejidales a particulares.

Durante el plantón de más de medio centenar de hombres y mujeres, mencionaron que en muchos casos las tierras han sido compradas a muy bajo precio e incluso ya exhiben títulos de propiedad que legalizan el despojo, lo que supone la intervención de autoridades agrarias corruptas.

José Luis Dzul, de localidad de Seyé, aseguró que suman mil 800 ejidatarios los afectados con más de un mil 500 hectáreas vendidas en los últimos tres años a un grupo de 18 empresarios.

En dichas transacciones ha estado coludido el ex comisario Francisco Burgos Pech, quien ha utilizado supuestas actas de asambleas que nunca se formalizaron para entregar a bajo costo las tierras, recalcó.

Alejandro Sosa, de Izamal, imputó que ex comisarios y autoridades de comisarías han utilizado firmas y sellos falsificados para vender a especuladores dos mil hectáreas de tierras en esa demarcación, lo que lesiona a las familias.

Reveló que parte de los afectados acudieron este lunes a pedir ayuda al gobernador Mauricio Vila Dosal, ya que al verse despojados de sus propiedades carecen de lo elemental para subsistir y sin nada que legar a sus hijos.

Alejandro Sosa acusó a Carlos Ojeda como el principal empresario acaparador de tierras con la venia y contubernio del ex
comisario Jorge Lugo, apoyado por el abogado William Gorocica.

También del municipio de Motul llegó un grupo de poseedores de terrenos que desde hace 18 años reclama títulos de propiedad, pero el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán pide 130 pesos por metro cuadrado, lo que resulta imposible de costear porque son familias de bajos recursos.

Baldomero Pech Aké, a nombre de un núcleo ejidal de Motul, comentó que son 225 familias bajo en incertidumbre jurídica y que requieren títulos de propiedad de los predios que ocupan, cada uno de 700 a 900 metros cuadrados, ubicados cerca de la planta maquiladora Monty, en la entrada de esa ciudad.

Una comisión fue recibida en Atención Ciudadana de Palacio de Gobierno, en tanto que decenas aguardaron en las afueras.

(Jesús Mejía)